La diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta falsedad ideológica, a raíz de supuestas omisiones en sus declaraciones juradas patrimoniales y de respuestas brindadas ante el Congreso.
Frade explicó que la presentación se basa en el artículo del Código Penal que sanciona la alteración de instrumentos públicos mediante "inserciones falsas" u "omisiones maliciosas". En ese marco, sostuvo que las declaraciones juradas patrimoniales tienen ese carácter y que, según su denuncia, Adorni habría omitido información que estaba obligado a consignar.
"Cuando Adorni expresa públicamente y se autotitula evasor, y admite que tenía todo en negro y que no lo declaró, ahí hay una omisión maliciosa", afirmó la legisladora. Para Frade, esa omisión habría tenido como finalidad evadir y ocultar sus bienes.
La diputada también apuntó contra las explicaciones que el funcionario dio en el Congreso. Según señaló, el informe de gestión que queda incorporado al Diario de Sesiones también constituye un instrumento público. En particular, mencionó la respuesta a la pregunta 1.780, en la que, de acuerdo con su planteo, Adorni sostuvo que sus declaraciones juradas estaban presentadas correctamente.
"Mintió también", afirmó Frade. Y comparó la situación con la adulteración de un acta de infracción por parte de un policía: "Son documentos públicos que no pueden ser alterados".
La legisladora remarcó que Adorni deberá dar explicaciones ante la Justicia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Además, sostuvo que el caso "podría llegar incluso a derivar en un lavado de activos", aunque aclaró que eso deberá determinarse en el avance de la causa.
Frade también cuestionó la situación penal vinculada a la evasión y afirmó que "no tiene pena" porque, según dijo, los diputados votaron el año pasado una modificación que derogó esa sanción. "Ahora hay derecho a evadir", sostuvo.
Consultada sobre las posibles consecuencias institucionales, la diputada confirmó que en la denuncia también pidieron la inhabilitación para ejercer cargos públicos. "Para nosotros lo más importante es eso, porque no es una persona que pueda estar hoy en la función pública", señaló.