La Justicia federal advirtió a Cristina Kirchner que podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria si vuelve a incumplir las condiciones impuestas para el cumplimiento de su condena. La decisión fue tomada por el juez Rodrigo Giménez Uriburu luego del despliegue de una bandera entre el balcón de la expresidenta y un edificio ubicado frente a su domicilio de la calle San José 1111.
En una resolución firmada este martes, el magistrado intimó a la exmandataria a no repetir conductas que puedan vulnerar las reglas establecidas para la ejecución de la pena.
La intimación a Cristina Kirchner
“Intimase a Fernández de Kirchner a que en lo sucesivo se abstenga de desplegar conductas o asumir comportamientos que puedan implicar el incumplimiento de las pautas y condiciones bajo las cuales fue concedida y se ejecuta la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la pena de prisión que le ha sido impuesta, bajo apercibimiento de ley en caso de verificarse nuevos incumplimientos (art. 34 de la ley 24.660)”, escribió el juez.
La advertencia remite al artículo 34 de la ley de ejecución penal, que establece que la detención domiciliaria puede ser revocada cuando el condenado incumpla injustificadamente las obligaciones impuestas o cuando cambien las condiciones que dieron origen a la medida.
La bandera de la polémica
La resolución se originó a partir de un acto realizado durante el último fin de semana en respaldo a Cristina Kirchner. Como parte de la actividad, militantes desplegaron una bandera de gran tamaño entre el balcón del departamento donde cumple la condena y un edificio ubicado sobre la vereda de enfrente.
La consigna exhibida en el cartel era “De San José a la Rosada”. La expresidenta saludó desde el balcón mientras se desarrollaba la manifestación.
Según señaló el magistrado, hasta ahora las distintas concentraciones realizadas frente al domicilio no habían sido consideradas una violación de las condiciones de detención, pese a los planteos formulados por la fiscalía encabezada por Diego Luciani.
Sin embargo, consideró que el episodio ocurrido el domingo presentó características diferentes que justificaron su intervención como juez encargado del control de la pena.