La tensión política en el Congreso de la Nación escaló de forma definitiva. Diputados de diversos bloques firmaron un pedido de sesión especial para tratar la interpelación del jefe de gabinete de ministros, Manuel Adorni, con el objetivo de iniciar el proceso constitucional hacia una moción de censura que determine su remoción del cargo. En diálogo con LT10, el diputado nacional por Santa Fe (Provincias Unidas), Pablo Farías, aseguró que el camino institucional debe apuntar a la destitución inmediata del funcionario, acorralado por múltiples sospechas de corrupción.
"A todas luces es absolutamente inconveniente, ya no para el Gobierno sino para el país, que una figura que tiene semejante nivel de descrédito y varias causas judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero continúe en funciones", sentenció el legislador santafesino. Según Farías, lejos de despejar las dudas, las últimas explicaciones oficiales generaron "mayores dudas y una gran indignación" en la opinión pública.
El pedido de interpelación busca, en primera instancia, obligar al ministro coordinador a comparecer ante la Cámara de Diputados para brindar explicaciones sobre su patrimonio. No obstante, Farías aclaró que el objetivo de fondo es activar la moción de censura, una herramienta introducida en la reforma constitucional de 1994 que permite al Poder Legislativo quitarle la confianza a un funcionario y forzar su remoción.
Ante el vacío práctico de la norma —ya que nunca fue utilizada desde su sanción hace más de 30 años—, surgieron dudas entre especialistas sobre si el presidente de la nación podría volver a designar al funcionario destituido. Al respecto, el diputado fue tajante: "Sería un contrasentido absoluto y contrario al espíritu de la Constitución. Quizás los constituyentes del 94 no se imaginaron una situación de tanta gravedad institucional y no lo previeron expresamente, pero sería absolutamente ilógico que eso sucediera".
Uno de los mayores desafíos de la oposición es alcanzar el número necesario de voluntades para avanzar con la sanción, considerando que el Gobierno nacional logró consolidar mayorías tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados mediante alianzas con los denominados "bloques acuerdistas".
Sin embargo, Farías advirtió que el escenario actual modificó la postura de los aliados históricos de la Casa Rosada. "En este tema, esas mayorías construidas se están resquebrajando. De hecho, el bloque del PRO, que preside Cristian Ritondo y se expresa como aliado central del oficialismo, está haciendo duras advertencias sobre el caso Adorni", reveló. El legislador también sumó a este diagnóstico a los bloques provinciales más pequeños, argumentando que "ante la evidencia del daño institucional, el resultado del pedido puede ser positivo".
Durante la entrevista, el diputado analizó con severidad la actitud de la Presidencia de la Nación, criticando la "protección activa" que se ejerce sobre el jefe de gabinete. Para Farías, este resguardo resulta sumamente peligroso debido a que todas las vacantes y pliegos de magistrados para la justicia federal que el Poder Ejecutivo envía al Senado pasan obligatoriamente por la Jefatura de Gabinete. "Es inadmisible que quien está siendo investigado penalmente preserve un cargo de semejante influencia sobre el poder judicial", remarcó.
Finalmente, el legislador se refirió a las distintas hipótesis que maneja la justicia sobre el origen no declarado de los fondos de Adorni, vinculándolas con la denominada "causa Libra" —la polémica promoción de una criptomoneda realizada tiempo atrás— o con el desvío de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para el pago de sobresueldos. "Al no aparecer ninguna versión convincente sobre el origen de los fondos, las especulaciones son diversas y ponen en tela de juicio a todo el arco político del Gobierno. Lo saludable hubiese sido apartarlo del cargo y ponerlo a disposición de la justicia", concluyó.