La Legislatura de Santa Fe convirtió en ley el proyecto de Ficha Limpia para las contrataciones públicas, una normativa que impedirá que personas y empresas con antecedentes penales puedan participar como proveedoras o contratistas del Estado provincial.
La sanción definitiva se concretó luego de que la Cámara de Diputados ratificara las modificaciones introducidas por el Senado. La iniciativa había obtenido media sanción en la Cámara baja durante 2025 y regresó para su tratamiento final tras los cambios incorporados por la Cámara alta.
La nueva legislación establece que, en todos los procesos de contratación que lleve adelante la Provincia —ya sea para obras públicas, adquisición de bienes o contratación de servicios—, los oferentes deberán acreditar la inexistencia de antecedentes penales mediante la presentación de un certificado emitido por el Registro Nacional de Reincidencia.
El requisito alcanzará a personas físicas, socios, integrantes de órganos de administración y fiscalización de empresas, representantes legales de uniones transitorias de empresas y miembros de las sociedades que las integran. La falta de presentación de la documentación requerida será causal de desestimación de la oferta.
Asimismo, la norma dispone que los organismos contratantes deberán verificar, antes de la adjudicación, la vigencia de la información presentada por los postulantes a través de mecanismos electrónicos o digitales.
Con la aprobación de la ley, el Poder Ejecutivo provincial quedó facultado para suscribir convenios de cooperación técnica destinados a implementar los sistemas de control y verificación previstos en la normativa.