Dos suboficiales pertenecientes a la Brigada Motorizada de la Policía de la Provincia fueron imputados por los delitos de exacciones ilegales agravadas y hurto agravado, tras haber extorsionado y robado a un automovilista en pleno centro de la capital provincial. El hecho ilícito se perpetró el pasado 3 de junio, alrededor de las 19, en la intersección de bulevar Gálvez y San Lorenzo, en momentos en que los agentes prestaban servicio de guardia.
De acuerdo con la atribución delictiva formulada por el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, los uniformados interceptaron un vehículo particular en el que circulaba un hombre junto a su hijo de dos años y medio. Al percatarse de que el conductor transportaba una suma considerable de dinero en efectivo, tanto en pesos como en dólares, los policías lo intimidaron bajo el argumento de que no podía circular con esas divisas.
Bajo amenazas de dejarlo detenido, armarle una causa penal y derivar al menor a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia —además de proferirle advertencias de muerte bajo la promesa de que "terminaría en una bolsa"—, los efectivos obligaron al automovilista a dirigirse a una vivienda particular para conseguir dinero. Aterrado por la situación, el hombre les hizo entrega de $400 dólares. No obstante, tras el procedimiento espurio, la víctima constató que también le habían sustraído otros U$S 1.100 que resguardaba debajo del asiento del conductor.
Actuación de Asuntos Internos y detención en flagrancia
La investigación penal se inició tras la denuncia de la víctima ante la Dirección de Asuntos Internos. Pese a las dificultades para localizar testigos en el área debido a que el hecho coincidió con el horario de un partido de la Selección Argentina, las tareas de campo permitieron identificar y requisar rápidamente a los sospechosos.
En diálogo con LT10 al término de la audiencia imputativa presidida por el juez Sergio Carraro, el fiscal Hernández elogió el despliegue operativo: "Asuntos Internos realizó un trabajo rápido y eficaz. Al momento de interceptar a los funcionarios policiales, todavía tenían el dinero en su poder: uno portaba los $400 dólares y el otro los $1.100 restantes".
Antecedentes por vejaciones y la continuidad en funciones
Además de la causa por extorsión, a uno de los suboficiales implicados se le atribuyó un hecho previo calificado como vejaciones. Este expediente se remonta a un procedimiento anterior efectuado en la intersección de Uruguay e Iriondo, en la vecina ciudad de Santo Tomé, donde el agente fue denunciado por agredir físicamente en el rostro a un joven de 18 años.
Consultado sobre los motivos por los cuales un efectivo investigado por violencia institucional continuaba prestando servicio en la vía pública, el fiscal aclaró que los plazos administrativos corren por carriles independientes a la vía penal.
"Cualquier infracción demanda una investigación. En el ámbito penal resguardamos la sorpresa para evitar que se borre o adultere información. Los sumarios administrativos y las carpetas médicas o preventivas son resorte exclusivo del Ministerio de Seguridad; la fiscalía no tiene competencia sobre la situación de revista de los agentes", explicitó Hernández.
Causa Mauro González: mañanas de máxima tensión por tortura seguida de muerte
La agenda de los Tribunales santafesinos continuará con alta carga institucional este miércoles, cuando se desarrolle la audiencia de medida cautelar de prisión preventiva por el crimen de Mauro González, un emblemático caso de violencia institucional que conmocionó a la opinión pública local.
"Se trata de una investigación por tortura seguida de muerte, donde hay seis funcionarios policiales de la ciudad de Santa Fe formalmente imputados", anticipó Hernández, quien valoró el incremento de las denuncias civiles: "Es indispensable que la sociedad confíe en la justicia. En la gran mayoría de los casos complejos, el propio personal de Asuntos Internos o los buenos policías son quienes denuncian y aportan pruebas. Es fundamental separar a la abrumadora mayoría que trabaja honestamente de aquellos que utilizan el uniforme para delinquir".
Por último, al ser interpelado sobre las versiones que indican que el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, mantuvo un encuentro con los familiares de los policías implicados en el caso González y que la provincia costearía los honorarios de las defensas particulares, el fiscal evitó confrontar con el Poder Ejecutivo: "Desconozco la decisión institucional y no me corresponde opinar sobre las acciones de otras organizaciones ministeriales. Mi labor es demostrar los delitos y obtener las sanciones correspondientes", concluyó.