Los operativos realizados durante el fin de semana en el norte santafesino dejaron dos procedimientos de fuerte impacto: el decomiso de más de 15.000 kilos de pescado obtenido de manera ilegal y la desarticulación de una excursión de caza para turistas extranjeros en la zona de Fortín Olmos. Ambos procedimientos fueron encabezados por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, junto con la Dirección General de Seguridad Rural "Los Pumas".
En ese marco, el secretario de Biodiversidad de la provincia, Alejandro Luciani, dialogó con LT10 y aseguró que el Gobierno provincial reforzó los controles sobre toda la cadena vinculada a la pesca comercial para combatir las infracciones.
"Desde que asumimos, una de las cosas que fortalecimos es el control permanente, primero en el río, pero también en los frigoríficos y en los acopiadores, porque es la única manera de terminar con esta masacre", sostuvo. En ese sentido, reconoció que los procedimientos siguen revelando irregularidades en sectores que conocen la legislación: "Son actividades que están formalizadas, son acopiadores, son frigoríficos que saben las normas, pero las siguen incumpliendo", afirmó.
Consultado sobre el destino de las 15 toneladas de pescado secuestradas, Luciani explicó que la normativa vigente obliga a destruir toda la mercadería decomisada, aun cuando se encuentre en condiciones para el consumo.
"Lamentablemente la ley provincial dice que hay que destruirlo, así que termina yendo a un relleno sanitario", señaló. No obstante, admitió que el Gobierno busca modificar ese mecanismo: "Estamos tratando de ver si podemos cambiar esta lógica porque era todo pescado bueno, estaba frizado y congelado. Lamentablemente era pescado fuera de medida o especies prohibidas como el dorado", explicó.
El funcionario también brindó detalles sobre el procedimiento realizado en Fortín Olmos, donde fue desarticulada una excursión de caza destinada a ciudadanos franceses. Según indicó, la investigación llevaba tiempo y culminó cuando los inspectores lograron sorprender a los organizadores durante la actividad.
"Lo veníamos siguiendo y teníamos algunas datas de que posiblemente arrancaran nuevamente. Ya teníamos el dato preciso de dónde iban a ir y los pudimos agarrar in fraganti", relató.
Si bien durante el operativo se secuestraron 24 patos —una cantidad que se encontraba dentro de los límites permitidos—, el problema radicaba en la falta de habilitaciones y documentación obligatoria.
"No tenía ningún tipo de formalización, ni guía, ni los guías de caza tenían carnet. También algunas de las armas no estaban registradas", explicó Luciani, quien agregó que la Justicia secuestró vehículos, armamento y otros elementos utilizados durante la excursión.
El secretario de Biodiversidad advirtió además que este tipo de operadores no solo infringen la normativa, sino que también engañan a quienes contratan el servicio: "También son estafados. El extranjero contrató una excursión como contrataría cualquier otra y los operadores son quienes tienen que gestionar los permisos y los carnets de caza. Están trabajando en forma ilegal", remarcó.
Por otra parte, aclaró que Santa Fe no permite los tradicionales cotos de caza, aunque sí habilita establecimientos rurales para la práctica cinegética bajo estrictas condiciones legales y administrativas.
Finalmente, Luciani repasó las medidas que impulsa la provincia para proteger el recurso ictícola y confirmó que continúa reduciendo el cupo de exportación de sábalo.
"En este tercer trimestre volvimos a las 900 toneladas y eso nos va a llevar a que a fin de año no lleguemos a las 4.000 toneladas, cuando Santa Fe venía exportando unas 9.000", precisó.
Para el funcionario, la recuperación del río exige sostener esa política de control: "Queremos que nuestro río se recupere. Tuvimos muchos años de bajante y creemos que con estas medidas el recurso ictícola se puede volver a poner en sus niveles. Nosotros somos de los que estamos un poco en contra de la exportación de pescado; es una locura", concluyó.