El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, junto a los titulares de las carteras de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Trabajo, Roald Báscolo, presentó este miércoles un balance semestral sobre el impacto del régimen de incentivos y exenciones tributarias vigentes en la provincia desde enero de este año.
Según detalló el funcionario provincial, la iniciativa —impulsada como prioridad de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro— apunta a consolidar una política productiva orientada al desarrollo, la infraestructura y la generación de empleo registrado.
"Es un informe de impacto semestral de los beneficios tributarios que lanzamos al comienzo de este año. Queríamos compartir cómo estas medidas están alcanzando de forma masiva y transversal a distintos sectores, traduciéndose en la reducción de la carga fiscal, alivio económico y sostenimiento del empleo", señaló Olivares.
De acuerdo con los datos presentados, 6.218 empresas santafesinas ya utilizaron las herramientas fiscales disponibles. Entre ellas destacan la deducción del Impuesto sobre los Ingresos Brutos por el incremento de la dotación de personal, la exención por consumo de energía eléctrica para la industria, el comercio y el turismo, y la reducción de alícuotas para pequeños comercios.
En total, los incentivos otorgados representaron un ahorro estimado de 36.622 millones de pesos para el sector privado en el primer semestre.
Respecto de la carga tributaria efectiva, el ministro precisó que en 2025 la alícuota promedio del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para este grupo de firmas alcanzaba el 3,29 %. Al reevaluar el indicador al cierre de junio, dicho promedio descendió al 1,69 %, lo que implica una reducción de prácticamente el 50 % en la carga del tributo provincial.
"Es un número sintético que refleja el impacto de los beneficios. Rendimos cuentas ante la sociedad sobre el destino de los recursos de todos los santafesinos, demostrando cómo dejamos liquidez en manos de las empresas para que la reasignen a la inversión productiva y a la incorporación de trabajadores", remarcó Olivares.
A su turno, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, detalló que cerca de 3.500 industrias y más de 7.000 comercios descontaron la factura de energía eléctrica de sus liquidaciones de Ingresos Brutos.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Roald Báscolo, abordó la situación del mercado laboral local y distinguió las metodologías de medición estadística.
"La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) mide tendencias mediante muestras estadísticas que contemplan tanto el empleo formal como el informal. Lo que nosotros mostramos son datos del registro del sistema previsional y fiscal; es decir, puestos de trabajo formales y registrados", explicó Báscolo.
El titular de Trabajo añadió que la informalidad laboral ronda el 44 % a nivel nacional, mientras que en la provincia de Santa Fe se ubica cercana al 38 %. "Si bien Santa Fe está por debajo de la media nacional, la informalidad sigue siendo un problema estructural del país. Hoy la mayor preocupación de los trabajadores es el deterioro del poder adquisitivo y el temor a la pérdida del empleo", sostuvo.
Consultado sobre el margen de empresas que aún no han gestionado los beneficios, Olivares aclaró que el proceso es gradual y muestra un crecimiento mes a mes. Asimismo, proyectó que hacia fin de año el alivio fiscal superará los 80.000 millones de pesos previstos originalmente y alcanzará a unas 10.000 firmas.
El funcionario aclaró también que quedan excluidos del beneficio aquellos contribuyentes que se encuentran exentos del impuesto —como el sector agropecuario o industrias con alícuota cero— o firmas radicadas fuera de la provincia que solo comercializan en el territorio provincial sin realizar inversiones locales ni generar puestos de trabajo directo. "Priorizamos destinar los recursos de los santafesinos a apuntalar la actividad económica y la mano de obra local", subrayó.
En otro orden de temas, el ministro de Economía se refirió al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe sobre la inconstitucionalidad de los topes jubilatorios en el fuero judicial.
Olivares confirmó que el Ejecutivo provincial recurrirá la decisión ante las instancias judiciales superiores en el ámbito federal y restó dramatismo al impacto financiero inmediato sobre la Caja de Jubilaciones, al señalar que la medida cautelar involucra a unos 50 casos de altos funcionarios y magistrados.
"Más allá del aspecto cuantitativo, lo central es la sustentabilidad y el reparto ético del esfuerzo para sostener el sistema previsional santafesino. Además, se trata de una medida cuya vigencia temporal cesará en menos de 45 días, tal como lo anticipó el gobernador Pullaro al confirmar que no se prorrogará el aporte solidario extraordinario", concluyó el ministro.