Flybondi atraviesa una crisis que ya excede ampliamente los problemas habituales de una aerolínea. La low cost lleva cinco días sin operar con normalidad y entre el jueves 6 y el lunes 10 de agosto canceló 66 vuelos. Ahora, fuentes del sector adelantaron que esta semana se definiría su convocatoria de acreedores.
La decisión todavía no fue comunicada oficialmente, pero marca un nuevo capítulo en la crisis de una empresa que fue presentada como uno de los emblemas de la apertura y la desregulación del mercado aerocomercial.
Primero, durante el gobierno de Mauricio Macri, de la mano de su ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, quien defendió el desembarco de las low cost como una transformación destinada a romper con el statu quo y sumar competencia allí donde, según planteaba, existía un monopolio.
Años después, la misma política de apertura y desregulación fue profundizada por el gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Cancelaciones
Según las fuentes del sector, la decisión de avanzar con la convocatoria de acreedores ya estaría tomada y se definiría durante esta semana. La empresa llega a esta instancia después de meses de deterioro operativo y financiero.
Las cancelaciones de los últimos días muestran la gravedad del escenario. El jueves 6 de agosto fueron 14 vuelos; el viernes, otros 14. El sábado y el domingo se cancelaron 12 cada día y el lunes 10 se sumaron otros 14.
El deterioro viene de antes. En mayo Flybondi transportó un 66 por ciento menos de pasajeros que un año atrás y llegó a operar con apenas tres aeronaves, cuando su flota había alcanzado las 13.
La empresa también perdió participación en el mercado. Los exempleados señalan que actualmente transporta alrededor del 6 por ciento de los pasajeros locales.
Más de 700 ex trabajadores esperan cobrar
La crisis de Flybondi tiene un fuerte impacto laboral. Más de 700 ex trabajadores llevan más de tres meses sin cobrar indemnizaciones por despidos sin causa o acuerdos de retiro voluntario.
Según un comunicado, algunos de esos acuerdos fueron homologados ante el SECLO y otros fueron firmados ante escribano público. Pese a eso, los pagos continúan pendientes y varios de los afectados ya iniciaron acciones judiciales para reclamar el dinero.
La situación también alcanza al personal que sigue trabajando en la compañía. El documento señala que existen trabajadores que no cobraron los salarios correspondientes a junio y julio ni el aguinaldo. Además, la falta de pago de aportes habría dejado a trabajadores activos y exempleados sin cobertura de medicina prepaga y obra social.