El concejal de la ciudad de Santa Fe Jorge Fernández ratificó las críticas de la oposición al nuevo Sistema de Estacionamiento Ordenado Municipal (SEOM) y cuestionó la postura del Ejecutivo tras las crecientes quejas de los residentes de barrio Candioti y el macrocentro.
En declaraciones a LT10, el edil opositor señaló: "Decimos lo mismo que venimos sosteniendo hace un año y medio, cuando se empezó a discutir el nuevo sistema de estacionamiento ordenado. Lo dijimos antes de que se debatiera en el Concejo Municipal y lo seguimos sosteniendo desde que se aprobó la norma, la cual votamos en contra junto con la concejala Jorgelina Mudallel".
Fernández recordó que el bloque opositor votó en contra de varias normas complementarias y que, en forma paralela, presentó siete proyectos para flexibilizar la aplicación del esquema tarifado en áreas residenciales affectedas del macrocentro santafesino.
"Pedimos cuestiones mínimas que reclaman los vecinos: que se flexibilicen las franquicias para que, en lugar de disponer de tres horas, cuenten con mayor margen o directamente no paguen por estacionar frente a sus domicilios; que la franquicia rija para un radio de 200 a 500 metros y no únicamente en su cuadra; y que las personas con certificado de discapacidad estén exentas en un cien por ciento del pago del SEOM, tal como ocurre en otras ciudades y exige la normativa nacional", detalló.
Cruce con el Ejecutivo municipal
En relación con las recientes manifestaciones públicas del secretario de Gobierno Sebastián Mastropalo, el concejal consideró que la respuesta oficial incurre en falsedades. "El que no está diciendo la verdad es Mastropalo. Mandó a hablar a los vecinos con los concejales después de pasar un año y medio ponderando las bondades del nuevo SEOM antes de la sanción de la norma. Ahora parece que el problema es del Concejo y no del Ejecutivo municipal, que aprobó el nuevo sistema a través de su mayoría sin debate ni consulta ciudadana", afirmó.
Fernández aclaró que la necesidad de modernizar el esquema anterior no justificaba el modelo implementado: "El sistema de parquímetros era obsoleto y necesitaba modificaciones. De hecho, teníamos varios proyectos presentados para mejorarlo. Pero otra cosa es esto que crearon de la noche a la mañana, que resulta absolutamente distante de lo que la ciudad necesitaba. Nadie se opone a que exista una aplicación móvil, pero este sistema es más caro, abarca más zonas de la ciudad e incrementó el número de dársenas tarifadas sin haber implementado la georreferenciación prometida ni los semáforos inteligentes".
Falta de controles en las instituciones de cuidado
Consultado sobre el pedido de informes impulsado por su bloque respecto de las irregularidades detectadas en residencias para adultos mayores en la capital provincial, el concejal advirtió sobre la falta de acceso a la información oficial.
"Ante la falta de respuestas del Municipio a los pedidos de informes de los concejales, nos enteramos de las novedades a través de la prensa y del avance de la investigación penal preparatoria que lleva adelante la Fiscalía. Sabemos que hay una auditoría interna en curso y esperamos sus resultados para deslindar responsabilidades administrativas", explicó Fernández.
El edil calificó el escenario como sumamente grave: "Se vulneraron los derechos de personas en extrema situación de vulnerabilidad por su edad y su condición socioeconómica. Había adultos mayores en situación de cuasi esclavitud, e incluso maniobras jurídicas para despojarlos de sus propiedades. Preguntamos qué hizo el Ejecutivo municipal con los mecanismos de control habilitados sobre geriátricos e instituciones de cuidado, tanto en el circuito formal como en la prevención de la clandestinidad".
Por último, Fernández insistió en la necesidad de avanzar con proyectos institucionales de su autoría que permanecen sin tratamiento en las comisiones del cuerpo deliberativo: "Presenté iniciativas para crear la Oficina Anticorrupción municipal y la Defensoría del Pueblo municipal. Si existieran estos organismos independientes de control, los ciudadanos contarían con herramientas concretas para canalizar denuncias por irregularidades o por la omisión del Estado en la tutela de sus derechos".