La Cámara de Diputados de Santa Fe define el tratamiento del proyecto de ley que busca incorporar la figura del "discurso de odio" al Código de Convivencia provincial. La iniciativa, que ya cuenta con la aprobación unánime del Senado, genera un fuerte rechazo en el bloque de Somos Vida.
La diputada provincial Silvia Malfesi advirtió sobre la peligrosidad del texto y sostuvo que, bajo el argumento de promover la paz y la convivencia, se abre la puerta a la censura institucional y a la autocensura de los ciudadanos.
"La verdad es que cuando lo leí pensé que era una broma y después me di cuenta de que no. Los fundamentos son muy lindos: hablan de que Santa Fe sea la primera provincia libre de discursos de odio, de la paz y de la convivencia. Pero cuando uno se pone a hilar fino y lee el artículo que se pretende incorporar al Código de Convivencia, lo veo muy riesgoso", afirmó la legisladora en diálogo con LT10.
El proyecto establece multas de hasta 60 JUS —que en la actualidad representan aproximadamente 8,5 millones de pesos— o la realización de un curso interdisciplinario para quien manifieste un discurso de odio de forma verbal, escrita, simbólica o a través de medios digitales.
Para Malfesi, la falta de una definición concreta sobre qué constituye esta infracción es el punto más crítico de la propuesta: "No se define qué es el discurso de odio; queda abierto. Habla de hostigamiento o discriminación por razones de raza, religión o creencias, y después agrega 'u otras causas personalísimas'. Ahí está el problema grave: cuando se tipifica una falta, la conducta debe ser muy concreta. Acá hay un choque directo entre lo que sería un exabrupto y el derecho a la libertad de expresión".
La diputada remarcó que las herramientas jurídicas para proteger el honor de las personas ya están reguladas en la legislación vigente. "Si alguien se siente afectado en su buen nombre u honor, existen las acciones de calumnias e injurias. Pretender crear una falta bajo el pretexto de la convivencia es peligrosísimo. El oficialismo puede tener la mejor intención, pero si el día de mañana viene un gobernante autoritario, le estamos dando una herramienta para motivar la censura", enfatizó.
El riesgo de la autocensura y el antecedente venezolano
La legisladora alertó que la norma afectaría a toda la población, desde ciudadanos comunes hasta periodistas y funcionarios, especialmente al momento de canalizar reclamos en redes sociales.
Como ejemplo de la arbitrariedad de la norma, la legisladora planteó una situación cotidiana: "Supongamos una persona que necesita una cobertura de IAPOS y no se la dan, algo frecuente en tratamientos oncológicos donde hay que recurrir a amparos. Si en las redes sociales publica su frustración e insulta a las autoridades, eso podría ser interpretado como discurso de odio. Es una figura sumamente subjetiva que queda a merced del juez de faltas".
Asimismo, comparó la iniciativa con legislaciones restrictivas implementadas en otros países de la región: "En Venezuela se sancionó la ley contra el discurso de odio con penas de prisión de hasta 20 años. Hay personas que terminaron presas por manifestar su oposición. Crear esta falta en Santa Fe es un peligro y un antecedente muy malo que se puede replicar en otras provincias".
Finalmente, Malfesi concluyó que la norma genera una "mordaza" sobre el debate público: "Cualquier régimen autoritario se va a basar en esto y la misma persona va a estar escribiendo en su teclado y va a decir: 'Mejor no digo esto, no sea cosa que se interprete como odio'. Es una herramienta de autocensura para la población".