La legislatura de Santa Fe aprobó de forma definitiva una profunda reforma a su código electoral. Sin embargo, detrás de los puntos que han cobrado mayor resonancia pública, existen modificaciones técnicas que despiertan serias alarmas constitucionales y operativas. Por LT10, Jorge Zárate, abogado especialista en derecho electoral, desmenuzó el impacto real de esta reforma sobre el votante, en los partidos y la validez legal del nuevo esquema.
El retroceso de la Boleta Única y el sesgo de la "Lista Completa"
Uno de los cambios más drásticos para las elecciones generales será la reducción de cinco a tres boletas, implementando categorías adosadas o pegadas (gobernador/vice junto con diputados; intendente con concejales). Para Zárate, el perjuicio hacia la autonomía del votante es evidente: "Pasa a tres boletas con categorías adosadas o pegadas en las generales y eso beneficia especialmente a los partidos políticos. No beneficia al elector. Claramente no beneficia al elector".
A esto se suma la incorporación de un casillero específico para el voto por lista completa, cuyo diseño gráfico, según advierte Zárate, introduce un sesgo cognitivo en el cuarto oscuro: "Induce de manera indirecta a que el elector en un primer vistazo de la boleta única tenga una mayor percepción de lo que es el voto lista completa que de lo que son las categorías diferenciadas. Eso claramente induce al voto por lista completa y eso no debería pasar".
"Voto único transferible": El flanco inconstitucional
El punto de mayor gravedad jurídica radica en lo que Zárate define como una transferencia de votos, un mecanismo que vulnera de forma directa la Constitución de la provincia y que anticipa una inminente batalla judicial. Bajo el nuevo código, si una lista legislativa (diputados o concejales) no supera los umbrales mínimos requeridos, pero la fórmula ejecutiva (gobernador o intendente) a la que está pegada sí los alcanza, la lista legislativa "pasa" de todas formas a la siguiente instancia electoral.
El especialista considera el último punto como técnicamente inadmisible: "El problema es que se da lo que se llama la transferencia del voto del elector y eso está prohibido por el mismo código". "La Constitución misma establece que el voto es intransferible y si usted vota a una lista de gobernadores, pero no vota a la lista de diputados, lo que hace la ley es tomar su voto y decidir que su voto a gobernador también beneficia al voto a la lista de legisladores". Por este motivo, Zárate remarca que este apartado "sería materia de impugnación ante la justicia" de forma inmediata.
Multas de difícil cobro y una paradoja de financiamiento
Aunque el sufragio mantiene su carácter obligatorio, las sanciones para quienes no voten ni justifiquen su ausencia se endurecen, estableciéndose en media unidad de multa, lo que representa unos $75.000 pesos actuales y se proyecta en $100.000 pesos para el próximo año.
Asimismo, las infracciones por revelar el voto, coaccionar electores o violar la veda con espectáculos masivos o venta de alcohol conllevan multas de hasta 14 millones de pesos. Para los actores políticos que hagan campaña a destiempo o que no asistan al debate obligatorio de gobernadores, las penalidades trepan a los 15 millones de pesos.
Finalmente, el abogado cuestiona que los fondos recaudados por multas a los ciudadanos comunes vayan a engrosar el Fondo Partidario Permanente para el financiamiento de los propios partidos políticos. En su lugar, sostiene que el foco estatal debería ser preventivo: "Ese monto de las multas debería, por ejemplo, ocuparse en campañas de capacitación o en campañas de información para promover la cultura del voto".
"Lo que hay que hacer primero es prevención, como en todas las cuestiones, prevención y capacitación previa" para lograr que la ciudadanía vote con "suficiente libertad intelectual y con la suficiente información", resaltó Zárate.