El financiamiento destinado a las universidades nacionales acumularía en 2027 una caída real del 27% respecto de 2023. Así lo señala un informe elaborado por el Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (FCE-UNL), que analizó la evolución de los recursos destinados al sistema universitario durante los últimos cuatro años.
Para dimensionar esa caída, el estudio plantea una comparación sencilla: si en 2023 las universidades disponían del equivalente a $100 en términos reales, el Proyecto de Presupuesto 2027 les asignaría $73. Se trata de valores comparables, una vez descontado el efecto de la inflación.
La reducción, además, no se concentra en un solo ejercicio. Según el análisis, 2027 sería el cuarto año consecutivo en el que el presupuesto universitario se ubicaría al menos un 25% por debajo del nivel real de 2023. El proyecto tampoco modificaría esa trayectoria: respecto de 2026, los recursos volverían a disminuir un 2,3% en términos reales.
“Lo más significativo no es solamente cuánto cayó el financiamiento, sino cuánto tiempo lleva sin recuperarse. Son cuatro años consecutivos con recursos muy por debajo de 2023. Cuando una situación se sostiene durante tanto tiempo, deja de ser una dificultad de un año y empieza a condicionar la capacidad del sistema universitario para sostener todas sus funciones”, señaló la Mg. Liliana Dillon, decana de la FCE y vicerrector de la UNL.
El financiamiento universitario, en su nivel más bajo de la década
La tendencia se vuelve aún más visible cuando se compara el presupuesto destinado a las universidades con el tamaño de la economía argentina. De acuerdo con el informe, en 2027 el financiamiento universitario representaría el 0,53% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más bajo registrado desde al menos 2016.
Entre 2016 y 2023, en cambio, el gasto universitario representó en promedio el 0,74% del PIB. La diferencia entre ambos valores equivale a más de un cuarto de ese promedio histórico.
“La comparación con el PIB permite mirar más allá de los montos nominales y preguntarnos qué lugar ocupa efectivamente el sistema universitario dentro de los recursos del país. Cuando ese porcentaje permanece durante años por debajo del 0,55%, estamos frente a una modificación significativa en el nivel de financiamiento de la educación superior pública”, explicó Dillon.
Ciencia y técnica, el área con la mayor caída
El informe de la FCE-UNL analiza además cómo evolucionaron distintas partidas que integran el presupuesto universitario. Entre ellas, la destinada al fortalecimiento de la ciencia y la técnica presenta el deterioro más pronunciado: entre 2023 y 2027 acumularía una reducción del 75,1% en términos reales.
La magnitud de la caída implica que, de cada cuatro pesos que se destinaban a ciencia universitaria en 2023, en 2027 quedaría aproximadamente uno en términos reales. Entre las partidas específicas relevadas por el equipo, es la que registra la mayor contracción relativa.
“Cuando disminuyen los recursos para ciencia y técnica no se afecta una actividad secundaria de las universidades. Investigar, producir conocimiento, formar investigadores y generar respuestas para los problemas productivos y sociales son parte de su misión. Una caída de esta magnitud necesariamente limita esas capacidades”, sostuvo la decana y vicerrectora.
El deterioro alcanza además a otras áreas. La partida destinada a extensión universitaria, que en 2025 llegó a ubicarse un 99,3% por debajo de 2023 en términos reales, muestra una recuperación parcial durante 2026 y 2027. Sin embargo, aun con esa mejora, permanecería 42,2% por debajo del nivel de 2023.
Salarios: ningún cargo universitario recuperó lo perdido frente a la inflación
Otro de los ejes del estudio es la evolución de los salarios docentes y no docentes. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la inflación acumulada alcanzó el 336%. En ese mismo período, ninguno de los cargos universitarios relevados tuvo una recomposición equivalente.
Como consecuencia, la pérdida de poder adquisitivo varía según la categoría: va desde el 13,3% para los trabajadores no docentes con garantía salarial hasta el 29% para los Jefes de Trabajos Prácticos.
Uno de los casos analizados es el de los Profesores Titulares con Dedicación Exclusiva. En abril de 2026, el salario real de ese cargo llegó a representar apenas el 61,6% del valor que tenía en noviembre de 2023. Si bien posteriormente se produjo una recuperación parcial a partir de la última paritaria, la mejora no alcanzaría para cerrar la brecha: proyectada a septiembre de 2026, la pérdida real de docentes y no docentes se ubicaría en torno al 23,4% respecto de noviembre de 2023.
“Las universidades son, fundamentalmente, las personas que enseñan, investigan, gestionan y sostienen todos los días sus actividades. Por eso, una pérdida salarial que se prolonga en el tiempo no puede analizarse de manera aislada: termina teniendo consecuencias sobre el funcionamiento del conjunto del sistema”, afirmó Dillon.
La misma tendencia aparece en las partidas presupuestarias destinadas a salarios. Los recursos para el pago de docentes acumularían una reducción real del 26,3% respecto de 2023, mientras que los correspondientes al personal no docente se ubicarían 20,4% por debajo de aquel año.
La distancia con la Ley de Financiamiento Universitario
El estudio incorpora además una comparación entre los recursos contemplados para 2027 y los que resultarían necesarios para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario vigente.
Según el cálculo realizado por el equipo de investigación, el presupuesto asignado en el proyecto de ley alcanza los $7.349.082 millones, mientras que el requerido por la normativa ascendería a $9.804.704 millones. La diferencia entre ambos valores es de $2.455.622 millones.
De acuerdo con el informe, para alcanzar lo establecido por la normativa, el presupuesto universitario debería ser un 33,4% mayor al previsto en el proyecto para 2027.
“Esta comparación incorpora una referencia muy concreta al debate: permite observar no sólo cuánto se asigna, sino cuál es la distancia entre esos recursos y los que establece la normativa vigente. Esa brecha ayuda a dimensionar el desafío presupuestario que enfrenta el sistema universitario”, explicó Dillon.
Cuatro años sin recuperar el nivel de 2023
En conjunto, los indicadores relevados muestran una trayectoria que se mantiene a lo largo de todo el período analizado. Medido en pesos de igual poder adquisitivo, el financiamiento universitario no recuperó en ningún momento entre 2024 y 2027 el nivel alcanzado en 2023.
El Proyecto de Presupuesto 2027, según el estudio, tampoco modificaría esa tendencia. Por el contrario, la variación respecto de 2026 volvería a ser negativa en términos reales, con una reducción estimada del 2,3%.
“Los números permiten discutir el financiamiento universitario sobre una base concreta. No se trata solamente de cuánto dinero figura en un presupuesto, sino de qué capacidad real tienen esos recursos para sostener docencia, investigación, extensión, salarios y funcionamiento. Esa es la discusión que creemos necesario dar a partir de evidencia”, concluyó Dillon.
Sobre el informe
El trabajo fue elaborado por el equipo de investigación del Centro de Economía y Desarrollo de Políticas Públicas de la FCE-UNL a partir de información del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía de la Nación y datos del INDEC.
Para comparar los recursos a lo largo del período, las series históricas fueron expresadas en pesos constantes de 2026 mediante el IPC promedio de cada año. Para 2027 se utilizó una inflación proyectada del 18% anual, correspondiente al supuesto incorporado en el Proyecto de Presupuesto Nacional.
En materia salarial, el análisis utiliza los sueldos básicos de las universidades nacionales sistematizados por la FCE-UNL. La comparación presupuestaria toma como referencia el presupuesto aprobado para 2023 y el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027, con el objetivo de trabajar sobre categorías metodológicamente equivalentes.
El estudio busca así aportar información cuantitativa y verificable al debate público sobre el financiamiento de la educación superior, y ofrecer herramientas que permitan analizar su evolución en términos reales más allá de los valores nominales de cada año.