La reciente salida del anterior secretario de Discapacidad de la Nación, el Dr. Vilches (quien había asumido tras la intervención del área por causas judiciales de corrupción que dejaron 19 imputados), coincidió con el resultado de una auditoría interna. En su lugar, asumió Pablo Di Liscia, señalado como un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta nueva designación genera profunda preocupación en las organizaciones del sector. Al respecto, Gabriela Ortolochipi, titular de la Unión de entidades de personas con discapacidad (UENDISFE), señaló por LT10 que "el nuevo secretario es un hombre de confianza del ministro de Economía, Luis Caputo. Viendo todo lo que venimos pasando desde el área de discapacidad, no nos puede dar mucha tranquilidad".
Un deterioro progresivo que se agrava con agresiones
El desfinanciamiento del sistema no es un fenómeno reciente, sino un proceso de desgaste iniciado hacia 2018 con los primeros intentos de reestructuración de las prestaciones de apoyo. Sin embargo, la dirigencia advierte que la situación actual ha alcanzado niveles críticos sin precedentes.
A la pérdida de recursos se le suma una retórica hostil hacia los beneficiarios y las instituciones, muchas de las cuales cuentan con más de 75 años de trayectoria dentro de un marco prestacional consolidado hace 30 años.
Ortolochipi combinó su visión institucional con su vivencia personal al expresar:"A mí me toca de dos lugares: más allá de presidir UENDISFE, que son 45 instituciones y organizaciones, también soy mamá de una persona con discapacidad. Me cuesta mucho, no llego a entender... me encantaría poder preguntarle a alguien por qué el ensañamiento. No estamos hablando de algo que le cayó de imprevisto a la gestión y le genera un gasto enorme; es un sistema que tiene 30 años de funcionamiento".
Asimismo, la referente remarcó el agravamiento de las formas por parte de la administración nacional: "En esta gestión no solo está la cuestión del desfinanciamiento mucho más marcado y grave, sino acompañado de un montón de cosas totalmente innecesarias como agravios, insultos y poner en tela de juicio la condición de discapacidad de algunas personas".
Ley de Emergencia recortada y la amenaza del Presupuesto
La efectividad de la normativa vigente se encuentra seriamente comprometida. Pese a que la Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada por el Congreso, vetada por el Poder Ejecutivo, ratificada nuevamente y reglamentada mediante la intervención de la Justicia, en la práctica solo se ejecuta en un 20%.
A este panorama se suma la proyección del Presupuesto 2027, el cual incluye artículos que entran en contradicción directa con la norma de emergencia cuya vigencia vence en diciembre de 2026. Ante esto, la Comisión de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados busca emitir dictamen para prorrogar la ley hasta diciembre de 2027 y frenar los recortes.
Las quitas presupuestarias y la falta de actualización en los aranceles afectan toda la cadena de asistencia, afectando a los sectores más vulnerables. La presidenta de UENDISFE advirtió sobre la gravedad de un eventual colapso del sistema: "Estos ajustes cubren desde la atención temprana hasta los hogares donde viven personas con discapacidad que no tienen familia que los pueda contener. Es muy grave si este sistema realmente cae como está previsto en el proyecto de presupuesto presentado".
A pesar de la gravedad de la coyuntura, la dirigente destacó que la situación ha fortalecido la organización de los afectados: "Si para algo ha servido tanta crueldad, es para que las personas con discapacidad y sus familias se empoderen mucho más de sus derechos".