El informe elaborado por el Centro de Estudios DEMOS encendió las alarmas sobre la delicada situación económico-financiera del sector productivo santafesino, al registrar un récord histórico en los tribunales provinciales. Según detalló la economista Florencia Camusso, las presentaciones por concursos preventivos crecieron un 75%, mientras que las causas por quiebra pasaron de 1.009 en 2024 a superar los 2.000 expedientes en 2025, previéndose una proyección de hasta 3.000 casos para el presente ciclo. Al evaluar este incremento desmedido en los juzgados, la especialista remarcó: "En 2025 eran más de 2.000 empresas que ingresaron causas por quiebra. Son valores totalmente preocupantes y en la tasa en la que crecen también".
La investigación señala que el bajo índice de morosidad bancaria del 3,7% no refleja alivio, sino una profunda exclusión del sistema financiero formal que obliga a las empresas a recurrir a vías no tradicionales de financiamiento. Ante las elevadas tasas y la exigencia de requisitos inaccesibles, las pequeñas y medianas empresas apelan de forma creciente a la emisión de cheques rechazados, la refinanciación informal con proveedores y los planes de moratoria impositiva. Al respecto, Camusso explicó: "La mora es baja porque es del 3,7%, pero es porque no llegan, porque no acceden. Las pymes están buscando financiación en instituciones que no están pensadas para ese tipo de uso".
Asimismo, la economista analizó las causas estructurales que impulsan este ahogamiento financiero, vinculando la apertura comercial con la falta de políticas de fomento e inversión productiva. La especialista aclaró que el perjuicio no radica en la competencia internacional en sí misma, sino en la desventaja operativa con la que deben competir las industrias locales frente a los productos importados. En ese sentido, la integrante de DEMOS enfatizó: "La apertura de importaciones en un contexto de tasas para financiarse altas no es que sea mala ni negativa, sino que no se dan las condiciones para que las empresas locales puedan invertir, ganar productividad y competir".
La escasez de crédito afectó con severidad el flujo de fondos de la industria santafesina, donde únicamente el 14% de los establecimientos logró acceder a asistencia crediticia en las condiciones requeridas. Esta restricción provocó una ruptura en la cadena de pagos que obligó a extender los plazos de cancelación entre clientes y proveedores de 30 a 90 días. Sobre la severidad de este entramado de deudas, Camusso puntualizó: "Solo el 14% había obtenido algún tipo de crédito en las condiciones solicitadas. Las dificultades están no en el sistema financiero en sí porque no acceden, sino en todas estas cadenas de pago que van generando dificultades".
Finalmente, el estudio advierte sobre la traslación de esta crisis al mercado de trabajo, donde el cierre de unidades productivas deriva en una mayor precarización laboral y en el aumento de la desocupación. La pérdida de empleos formales es absorbida mayoritariamente por el cuentapropismo no estructurado, el servicio de entregas a domicilio y el transporte mediante aplicaciones digitales. Al describir la calidad de esta reconversión laboral forzada, la economista concluyó: "Vemos un incremento en esto del cuentapropismo y las formas informales. Son trabajos muy precarios, poco regulados, que no te permiten mantener un estilo de vida y crecer".