En diálogo con LT10, Mauro Rueda, referente de los inquilinos autoconvocados de Santa Fe, sostuvo que la posibilidad de derogar el mega DNU firmado por el presidente Javier Milei abre un escenario de alivio para las familias arrendatarias. El dirigente explicó que el retorno de la anterior Ley de Alquileres devolvería un marco de protección estatal, revirtiendo la desregulación total del sector. "A nosotros nos genera mucha esperanza poder soñar con que vuelva a tener un marco regulatorio lo que tiene que ver con el mercado inmobiliario", afirmó Rueda, quien subrayó que la retirada completa del Estado argentino en esta materia constituye una anomalía frente a potencias internacionales como Estados Unidos, Alemania o España.
Al analizar los efectos del mercado liberado, el referente cuestionó el argumento de que el aumento de la oferta de inmuebles se haya traducido en mejores condiciones económicas para los inquilinos. Según indicó, datos del INDEC demuestran que los valores de los alquileres casi triplicaron o cuadruplicaron el ritmo de la inflación acumulada. Ante esta realidad, instó a reformular el enfoque con el que se aborda la problemática: "Tenemos que entender que la cuestión del alquiler tiene que ver con el acceso a la vivienda digna y tiene que ver con un derecho", enfatizó Rueda al contraponer las necesidades habitacionales de entre el 30% y 35% de la población frente a la rentabilidad del sector propietario.
Respecto a la dinámica local en la ciudad de Santa Fe, Rueda denunció la existencia de una elevada concentración en la propiedad y comercialización de los inmuebles, donde apenas el 4% de los propietarios recauda el 25% de la Tasa General de Inmuebles. Asimismo, precisó que la mitad de los contratos de locación pasan por inmobiliarias y que cuatro o cinco empresas concentran la gran mayoría de las operaciones. "Es por lo menos un oligopolio donde hay cuatro o cinco empresas que se sientan y marcan la regla del juego", aseveró el vocero para explicar por qué los valores en la capital santafesina resultan más costosos que en otras urbes de la región como Rosario, Paraná o Córdoba.
Frente a la falta de respuestas a nivel nacional, Rueda remarcó la importancia de que los gobiernos municipal y provincial implementen regulaciones locales y herramientas públicas para aliviar la carga económica sobre las familias. Si bien consideró paliativos de alcance limitado a los créditos estatales de los programas provinciales Nido y Llave, destacó los avances para facilitar las garantías de alquiler mediante seguros de caución en articulación con entidades bancarias. En ese marco, reclamó discutir políticas de zonificación urbana como se aplican en otras grandes ciudades del mundo para evitar abusos en los precios.
Por último, el referente abordó la situación financiera del sector, señalando que la morosidad histórica en la ciudad se mantiene en niveles mínimos y por debajo del 5% nacional. No obstante, advirtió sobre un marcado endeudamiento de los hogares para hacer frente a las obligaciones habitacionales. "Hicimos una encuesta donde el 70% de quienes alquilan contrajeron algún tipo de deuda. Y casi la mitad de los que contrajeron alguna deuda lo hicieron específicamente para no atrasarse en el pago del alquiler", concluyó Rueda sobre una realidad que afecta a entre el 25% y 30% de los vecinos de Santa Fe.