El Gobierno consiguió el dictamen de mayoría del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional, una iniciativa que incluye medidas para proteger los recursos naturales en las Islas Malvinas y el Atlántico Sur. Tras negociar modificaciones con bloques aliados, el oficialismo dejó el texto en condiciones de llegar al recinto y maneja como fecha tentativa para su tratamiento el jueves 12 de noviembre.
El cronograma todavía podría modificarse debido a que esa semana tendrá una agenda reducida por la visita del papa León XIV a la Argentina.
Impulsado principalmente por el asesor presidencial Santiago Caputo, el proyecto amplía las sanciones por la explotación no autorizada de recursos naturales y crea un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para coordinar políticas de defensa, inteligencia y seguridad interior.
La iniciativa recibió cuestionamientos por el alcance de las sanciones previstas y por las atribuciones del nuevo organismo. Para conseguir el dictamen, La Libertad Avanza aceptó cambios en varios artículos, aunque algunos bloques aliados advirtieron que todavía pretenden nuevas modificaciones antes de acompañar el proyecto en el recinto.
Los cambios en las sanciones por explotación de recursos naturales
Uno de los principales puntos de discusión fue el alcance de las sanciones para las empresas vinculadas con la explotación ilegal de recursos naturales en el Atlántico Sur.
El proyecto no se limita a la actividad hidrocarburífera, sino que contempla la explotación de recursos renovables y no renovables. Además, prevé multas y la suspensión o cancelación de habilitaciones vigentes en la Argentina.
Las objeciones incluyeron preocupaciones por el impacto que esas disposiciones podrían tener sobre compañías que participen de manera indirecta en proyectos cuestionados. Según la información difundida durante el debate, el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, le transmitió al presidente Javier Milei la inquietud de la administración de Donald Trump por las posibles consecuencias para empresas estadounidenses.
Ante esos planteos, el oficialismo aceptó limitar la responsabilidad a quienes ejecuten negocios ilegales dentro del territorio argentino en calidad de operadores directos, licenciatarios, proveedores de estos o accionistas directos de los proyectos.
La nueva redacción excluye de responsabilidad a los accionistas minoritarios con participaciones de hasta el 2% y a los fondos de inversión indirectos que tengan participación en las compañías involucradas.
Cómo funcionará el Consejo de Seguridad Nacional
Otro de los ejes de la iniciativa es la creación del Consejo de Seguridad Nacional, un organismo que tendrá la función de coordinar de manera unificada las estrategias de defensa, inteligencia y seguridad interior.
La integración permanente estará compuesta por el Presidente, el jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el secretario de Inteligencia de Estado y la secretaria Legal y Técnica. Durante la negociación, también se incorporó al Ministerio de Seguridad como integrante permanente.
El Consejo tendrá atribuciones para controlar, aceptar o rechazar inversiones impulsadas por Estados extranjeros y empresas con capitales de ese origen en sectores considerados estratégicos, como defensa, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, minería y actividades espaciales.
A pedido de los bloques aliados, el texto habilita la participación de autoridades legislativas y provinciales cuando el tema tratado lo justifique. Entre los integrantes no permanentes figuran el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del Senado, los gobernadores y representantes de las áreas de seguridad.
Una comisión bicameral para controlar las decisiones
Para reforzar el control parlamentario sobre el nuevo organismo, el oficialismo también aceptó crear una Comisión Bicameral de Seguimiento en el Congreso.
La propuesta había sido impulsada por el diputado Eduardo Falcone, del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), con el objetivo de que el Poder Legislativo pueda supervisar las decisiones de un Consejo integrado principalmente por funcionarios del Poder Ejecutivo.
Según los cambios incorporados, el Gobierno deberá informar a la comisión, dentro de las 48 horas, las medidas de seguridad que adopte el Consejo.
La incorporación de ese mecanismo busca establecer una instancia de control sobre las decisiones de un organismo que tendrá atribuciones sobre inversiones extranjeras y sectores estratégicos de la economía.
Los cambios en las sanciones por injerencia extranjera
El dictamen también modificó el artículo que establece penas de entre cinco y doce años de prisión para quienes, por cuenta, orden o financiamiento de un Estado extranjero, alteren procesos electorales o manipulen la opinión pública.
La nueva redacción define qué se considera una “campaña de injerencia extranjera”. Incluye acciones planificadas, sistemáticas, clandestinas, engañosas, coercitivas o ilícitas destinadas a alterar elecciones, afectar la formación de la voluntad política o condicionar decisiones de las autoridades.
Al mismo tiempo, establece excepciones expresas para evitar que determinadas actividades queden comprendidas dentro de esa figura penal. Entre ellas figuran la actividad diplomática conforme al derecho internacional, la expresión pública y atribuida de opiniones de un Estado extranjero, el trabajo periodístico, la investigación académica y la representación abierta y regulada de intereses.
Pese a las modificaciones, algunos legisladores aliados reclamaron nuevas precisiones, especialmente en los artículos 127, 128 y 129. Las objeciones apuntan a la necesidad de delimitar con mayor claridad el alcance de las disposiciones y determinar cómo podrían afectar a organizaciones no gubernamentales que buscan influir en las políticas públicas.
Desde el oficialismo reconocieron que la redacción todavía genera dudas y que podrían introducirse nuevos cambios antes de la votación en el recinto.
Precisiones sobre las fuerzas de seguridad marítima
El proyecto también incorpora precisiones sobre las competencias de la Prefectura Naval y el Comando Conjunto Marítimo, dos estructuras vinculadas con las tareas de vigilancia y seguridad en el ámbito marítimo.
Sin embargo, el texto no establece una regla de intervención primaria y subsidiaria entre ambas fuerzas, un aspecto que también forma parte de las discusiones sobre la implementación de la iniciativa.
Con el dictamen de mayoría obtenido, el Gobierno logró avanzar en el trámite parlamentario de una propuesta que combina la defensa de la soberanía y los recursos naturales con nuevas atribuciones en materia de seguridad e inversiones estratégicas.