Durante su visita a los estudios de LT10, el secretario de Seguridad Social de Santa Fe, Jorge Boasso, destacó los resultados iniciales de la reforma previsional impulsada en la provincia. El funcionario remarcó que, de no haberse encarado este debate legislativo, la jurisdicción hubiese tenido que transferir su sistema a la ANSES, tal como lo hicieron 11 provincias en la década de 1990. "De un déficit del 29% se disminuyó a un 12%, es decir, a la mitad; aun así el sistema tiene un déficit, pero estamos en una lucha legal y política para que la Nación pague lo que debe", aseveró el titular de la cartera previsional.
Al proyectar el impacto económico de la norma de cara al mediano plazo, Boasso expuso cifras para argumentar la necesidad de los cambios introducidos. Según detalló, sin la aprobación de la ley, el rojo financiero del sistema hubiese alcanzado un billón de pesos en 2026, mientras que con el nuevo esquema se reducirá a unos 420.000 millones de pesos. "El mérito de Pullaro es que encaró lo que debía encarar en los primeros meses de gobierno, si lo contrario no podía haber hecho ni siquiera un kilómetro de ruta", afirmó el secretario al ponderar la decisión del Ejecutivo provincial.
En lo relativo a las acreencias con el Estado nacional, el funcionario precisó el estado de las negociaciones y los acuerdos vigentes. Si bien reconoció que la ANSES otorgó un anticipo de 120.000 millones de pesos a saldarse en 12 cuotas mensuales de 10.000 millones, denunció que el organismo central no activó las auditorías técnicas contempladas en el convenio. "Hay un punto que está incumplido: hacer las auditorías y simulaciones para determinar la deuda histórica desde 2020 en adelante; yo se lo reclamé personalmente al director de la ANSES", indicó Boasso sobre sus gestiones ante las autoridades nacionales.
En el plano conceptual, Boasso realizó una firme defensa del carácter solidario de la previsión social frente a los planteos judiciales iniciados contra la norma. En ese sentido, cuestionó los fallos de la justicia ordinaria que hicieron lugar a amparos al considerar que analizan la jubilación como si fuera un contrato privado. "No es un seguro privado, es seguridad social: los que aportan hoy financian el sistema de los pasivos", fundamentó el directivo, al tiempo que respaldó el tope jubilatorio provincial fijado en 13,5 millones de pesos frente al techo de 3 millones del régimen nacional.
Por otra parte, el secretario desmitificó los datos respecto a cuáles son los sectores estatales que demandan mayor asistencia del tesoro provincial. De acuerdo con las planillas oficiales de la Caja de Jubilaciones, Boasso aclaró que el sector policial no genera déficit, a diferencia del Poder Judicial donde los aportes de los activos cubren únicamente la mitad de las prestaciones. "Si los activos del Poder Judicial tuvieran que pagar a sus pasivos, alcanzaría para el 50% nada más; el otro 50% lo financia el resto", explicó el funcionario, agregando que el sector docente fue contemplado de manera especial al sostenerse la jubilación a los 57 años con 30 años al frente del aula.
Finalmente, el especialista en derecho previsional inscribió la reforma dentro de los desafíos demográficos contemporáneos, marcados por el envejecimiento poblacional y la informalidad laboral del 45,5% en el país. Boasso concluyó que los ajustes paramétricos resultan inevitables en todo el mundo para garantizar la viabilidad de la cobertura social. "Mientras exista el ser humano va a existir la necesidad de protección ante las contingencias de la vida, y para eso la seguridad social tiene que salir a protegerlo", sintetizó.