Un hombre de 38 años identificado como Salvador Alejandro Emmolo fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por adquirir legalmente armas de fuego y desviarlas hacia el mercado ilegal. A su vez, se le impuso una inhabilitación por 10 años para obtener los permisos como legítimo usuario.
La sentencia fue ordenada por el juez Nicolás Falkenberg en un juicio en el que se abreviaron los procedimientos que se desarrolló en los tribunales de la ciudad de Santa Fe.
La fiscal del Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego de la Fiscalía General, Juliana González, estuvo a cargo de la investigación y representó al MPA ante el magistrado.
Luego de la audiencia en la que se llevó adelante el juicio, González destacó que “al definir el monto de la pena que recibió Emmolo se contempló que, en el marco de sus conductas delictivas, él instaba a integrantes de su entorno a registrarse como legítimos usuarios y actuar de la misma manera que él”. Al respecto, expuso que “no sólo elevó el riesgo para la seguridad de la ciudadanía al entregar armas a personas que no estaban habilitadas para ello, sino que buscó ampliar la oferta en el mercado ilegal”.
El caso se encuadra en los Objetivos Priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal. La investigación se inició a raíz de un convenio de colaboración firmado en abril de 2024 por la Fiscal General, María Cecilia Vranicich, la entonces ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, y el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC —actual Registro Nacional de Armas (RENAR)—), Juan Pablo Allan, para controlar y reducir la circulación indebida de armas de fuego.
Once armas
La fiscal señaló que “entre 2017 y el año pasado, el condenado adquirió once armas de fuego que registró a su nombre con el objetivo real de entregárselas a usuarios ilegales”. Según detalló, “por montos de dinero cuya procedencia no pudo justificar, compró dos pistolas calibre 9 milímetros; tres pistolas calibre 380; dos revólveres calibre 357; una pistola calibre 40; una pistola calibre 22; una carabina calibre 22, y una escopeta calibre 12”.
En tanto, González remarcó que “con el fin de procurar su impunidad, Emmolo denunció como robadas cuatro armas de fuego”. En tal sentido, puntualizó que “tres de ellas eran dos pistolas y un revólver que posteriormente fueron secuestrados en el marco de legajos penales vinculados a un homicidio, lesiones cometidas en un contexto de violencia de género y portación indebida”, y agregó que “la cuarta era una pistola que aún no fue hallada”.
Por otro lado, la funcionaria del MPA planteó que “a raíz de una investigación proactiva que dirigimos desde el Equipo de Trabajo para el Abordaje Estratégico de Armas de Fuego, el miércoles 3 de diciembre del año pasado se concretó un allanamiento en una vivienda en la que residía Emmolo, ubicada en el barrio Villa Hipódromo de la ciudad de Santa Fe”, y mencionó que “además era el domicilio de guarda que él había declarado ante el RENAR”.
“De las siete armas que deberían haberse encontrado en el inmueble, sólo se hallaron dos”, subrayó González. “Al constatar que faltaban cuatro pistolas y la carabina que Emmolo tenía a su nombre, los agentes policiales que se encargaron del procedimiento lo detuvieron inmediatamente”, agregó.
Además, la fiscal expuso que “en el operativo se secuestró un teléfono celular que fue peritado”, y destacó que “gracias a ese análisis se obtuvieron datos de interés para esclarecer las maniobras delictivas, como conversaciones en las que el condenado ofrecía armas a personas que no eran legítimos usuarios”.
Responsabilidad penal
Emmolo reconoció expresamente su responsabilidad penal como autor de provisión ilegal de armas de fuego agravada (por habitualidad). Asimismo, junto con su abogado defensor, manifestó su conformidad con la atribución delictiva realizada por el MPA, la pena impuesta y la decisión de realizar un juicio abreviado.