Patricia desarrolló una trayectoria política y judicial ligada a la defensa de los derechos humanos y al impulso de los procesos por los crímenes de la última dictadura. Durante su paso por la Cámara de Diputados presentó iniciativas para declarar la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que buscaban evitar que los responsables de delitos cometidos durante el terrorismo de Estado sean juzgados.
Walsh fue diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires entre 2001 y 2005, legisladora porteña entre 2007 y 2010 y candidata presidencial de Izquierda Unida en 1999 y 2003.
También integró las comisiones de Educación, Derechos Humanos y Libertad de Expresión. Su actividad legislativa incluyó proyectos sobre derechos sociales, justicia, salud pública y cuestiones de género.
En la década de 1990 se sumó a la agrupación Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) y se convirtió en una de las denunciantes en la causa ESMA.
Tenía dos hijos y, hasta el momento de su muerte, participaba activamente como querellante en el juicio por la llamada "Masacre de la Calle Corro", proceso en el que una de las víctimas fue su hermana, María Victoria Walsh.