La Justicia santafesina confirmó en segunda instancia la responsabilidad penal del reconocido muralista Andrés Iglesias, conocido públicamente como "Niño de Cobre", por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido en el ámbito de la pareja. A través de una resolución notificada a las partes, los jueces de la Cámara de Apelaciones desestimaron los planteos de nulidad presentados por la defensa y respaldaron la prueba producida en el debate, concluyendo que la autoría del imputado se encuentra acreditada sin margen de dudas. Sin embargo, la alzada decidió hacer lugar de forma parcial al pedido subsidiario del acusado y redujo el monto de la pena de 7 años y 6 meses a 6 años y 6 meses de prisión.
En declaraciones a LT10, la abogada querellante Jaquelina Bussi detalló los fundamentos esgrimidos por el tribunal para justificar la rebaja de un año en la condena: "La Cámara ponderó que Iglesias no registra antecedentes penales condenatorios computables, posee inserción laboral, vínculos familiares, hijos menores y un reconocimiento alcanzado en su actividad profesional". A pesar de esta reducción punitiva, la letrada valoró positivamente que los camaristas hayan ratificado de manera contundente la materialidad del hecho y la culpabilidad del artista.
Respecto del trámite procesal de la causa, Bussi ratificó que el condenado ha transitado todo el proceso en libertad, pero confirmó que tras el fallo se activaron nuevas solicitudes de medida cautelar. En ese sentido, la querella se sumó al pedido presentado por la fiscal Luciana Escobar Cello para convocar a una audiencia de revisión bajo el artículo 225: "Ya hemos adherido a la solicitud de la fiscalía para el tratamiento de la prisión preventiva, porque entendemos que este fallo genera un panorama procesal diferente". En contraposición, la defensa del muralista, encabezada por Ignacio Garrone, adelantó que recurrirá la resolución ante instancias superiores.
Por su parte, la abogada Paula Contrac y el equipo querellante destacaron la trascendencia del pronunciamiento judicial para erradicar patrones culturales sobre las relaciones afectivas: "Aunque el hecho se dé en el ámbito de una relación de pareja, si no hay consentimiento es abuso y si no hay consentimiento es violación". En esa línea, las profesionales remarcaron que el fallo consolida un cambio de paradigma histórico respecto de los derechos de las mujeres, dejando sin efecto antiguos preceptos legales que invisibilizaban las agresiones sexuales en el marco de la intimidad.
Durante la entrevista, la licenciada María de los Ángeles, integrante del equipo de acompañamiento a la víctima, reflexionó sobre el complejo camino institucional que deben recorrer las denunciantes: "Los tiempos de la justicia realmente no son los tiempos que requieren las personas que sufren este tipo de hechos". Asimismo, la especialista advirtió sobre la revictimización provocada por sectores que agitan discursos sobre falsas denuncias y buscan descalificar a las sobrevivientes instalando la idea falaz de que se trata de un mero choque de versiones sin sustento.
Finalmente, las entrevistadas enfatizaron que el veredicto del tribunal de alzada se sustentó en un sólido entramado de probanzas periciales y testimoniales que respaldaron de principio a fin la denuncia realizada: "Acá no es la palabra de uno contra otro; hubo muchísimas pruebas expertas, documentales y contextuales que fueron corroborando el relato y dándole seriedad a la denuncia". Con la confirmación de la culpabilidad en segunda instancia, las partes aguardan la fijación de la fecha de audiencia donde se debatirá la modalidad de detención del imputado.