El procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó el sábado por la noche en favor de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli que fueron dispuestos por decretos del ex presidente Mauricio Macri.
Como argumento central, el procurador interino señaló que la revisión de los traslados llevada adelante por el Consejo de la Magistratura se realizó en base a normas posteriores y, en ese sentido, destacó "el principio de irretroactividad".
La opinión de Casal, expresada en su dictamen dado a conocer a través de fuentes judiciales, no es vinculante, del mismo modo que la del Consejo de la Magistratura, que el jueves último ratificó su decisión y pidió a la Corte Suprema que rechace los traslados.
Casal señaló que los traslados de Bruglia, Bertuzzi y Castelli fueron revisados por el Consejo de la Magistratura de la Nación con una nueva reglamentación que debía aplicarse a futuro y no para analizar las decisiones que ya se habían tomado.
“El principio de irretroactividad se erige como uno de los basilares de nuestro ordenamiento jurídico. Es fundamento de razón jurídica que toda regla de conducta dispone para el futuro”, sostuvo en sus dictámenes.
Los tres jueces fueron trasladados durante el gobierno de Mauricio Macri: Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal -un lugar estratégico para la política y el poder económico porque por allí pasan todas las causas de corrupción- y Castelli al Tribunal Oral Federal 7, donde luego quedó radicada la causa de los cuadernos de la corrupción en la que está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En julio, el oficialismo comenzó a revisar los traslados. Sostuvo que se habían hecho de manera irregular porque, entre otros motivos, no fueron aprobados por el Senado de la Nación, tal como establece la Constitución Nacional para la designación de jueces.
El Consejo de la Magistratura aprobó la Resolución 183 en la que revisó esos traslados -junto con los de otros siete jueces- y se lo comunicó al Poder Ejecutivo que los reenvió al Senado.
La Cámara Alta no les dio acuerdo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli porque faltaron a la audiencia y luego el gobierno publicó los decretos que dejaban sin efecto sus traslados y regresaron a sus cargos anteriores. Bruglia a un tribunal oral de Comodoro Py; Bertuzzi a uno de La Plata y Castelli a otro de San Martín.
Los tres jueces iniciaron causas judiciales contra el Consejo y presentaron el per saltum o salto de instancia ante la Corte Suprema que la semana pasada aceptó tratar sus casos.
En su dictamen, Casal señaló que los tres magistrados fueron traslados “en la inteligencia de que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por el Reglamento de Traslado de Jueces entonces vigente”. El procurador explicó que esos requisitos luego fueron modificados y que los cambios -principalmente que los traslados debían pasar por la aprobación del Senado- se aplicaron a Bruglia, Bertuzzi y Castelli.
“Esto no implica desconocer la facultad del Consejo de la Magistratura de cambiar a su discreción los reglamentos en materia de traslado o incluso la interpretación que haga de ellos con efecto inmediato; pero, insisto, ello no autoriza a revisar con carácter retroactivo decisiones ya adoptadas”, sostuvo Casal.
Es la primera opinión de impacto político del Procurador -que está en el cargo de manera interina- en un contexto político en el que el oficialismo impulsa su juicio político en el Senado de la Nación.
Para Casal, el Consejo de la Magistratura “violó el principio de legalidad, debido a que de esta manera desconoció sus propios actos dictados de conformidad con sus propias normas, con grave afectación a la inamovilidad de los jueces en los cargos que estaban desempeñando”.
Por otra parte, el jefe de los fiscales nacionales y federales hizo referencia a las Acordadas 4 y 7 del 2018 de la Corte Suprema en las que analizó los traslados. El Procurador señaló que “a la luz de las pautas establecidas por la Corte” no se puede aplicar una mirada retroactiva ante las decisiones tomadas.
La decisión de la Corte
La Corte Suprema de la Nación declaró el martes pasado "admisible" el recurso extraordinario de "salto de instancia" (per saltum) para tratar la revocación del traslado de tres magistrados del fuero penal federal.
La Corte decidió por unanimidad que las cuestiones planteadas "exceden el interés de las partes" y que el asunto "atañe a la comunidad" al declarar admisible el recurso presentado por los camaristas federales Castelli, Bruglia y Bertuzzi.
El máximo tribunal de la Nación consideró que la garantía constitucional de acceso a la justicia requiere que "la tutela jurisdiccional de los derechos en cuestión posea la virtualidad de resolver la cuestión sometida a su conocimiento mediante una respuesta judicial idónea, oportuna, efectiva y eficaz".
La Corte recordó que "al momento de la interposición del remedio extraordinario per saltum, las partes habían hecho ejercicio de sus derechos" presentando sendos recursos contra las decisiones judiciales en el fuero Contencioso Administrativo Federal.
En tal sentido, se refirió a que el trámite de esos recursos se demoró debido a la falta de definición en la cámara de ese fuero, lo que llevó a la designación de una camarista para que desempate una votación.