La fiscal anticorrupción de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, fue suspendida este viernes en su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento, que además determinó que será sometida a un jury. La decisión se tomó una semana después de que se le abriera una investigación, y mientras lideraba un juicio en contra del exgobernador Sergio Urribarri. Además, le redujeron su sueldo un 30%.
Al exmandatario de Entre Ríos y actual embajador en Israel se lo acusa por corrupción en distintos expedientes judiciales. Goyeneche era quien coordinaba el cuerpo de fiscales que trabajaban en ese proceso contra Urribarri y que también fueron apartados, para ser reemplazados por un conjuez.
En el juicio contra Urribarri y otros ex funcionarios entrerrianos se investiga el desvío de unos US$ 7,5 millones en pos de motorizar la campaña del entonces gobernador para presidente, en 2015. Se acusa a él, a su cuñado Juan Pablo Aguilera, a su pareja Luciana Almada y a miembros de dos empresas de publicidad de Paraná.
Además, a Urribarri se lo investiga en dos expedientes por su gestión como gobernador. Por un lado, está el denominado caso “contratos”, en el que la Corte Suprema de Justicia debe definir si es de competencia federal o provincial, y por otro el que se estudian cobros de importantes montos de dinero con tarjetas de débitos que habían percibido tres personas y en el que está involucrado Juan Pablo Aguilera, cuñado y mano derecha de Urribarri. Se cree que que en los 10 años investigados se extrajeron más de US$ 50 millones.
De qué se acusa a Goyeneche
A Goyeneche se la acusa de no abrirse de una causa contra un contador con el que supuestamente era copropietaria de un bien. Además, su esposo había trabajado en ese estudio contable, aunque lo había hecho hasta 1999, mucho antes de los hechos, que comenzaron en 2007 y a investigarse recién en 2018.
La procuradora adjunta se excusó de intervenir en el caso recién en 2015, cuando adquirió un fideicomiso para la construcción de departamentos en el que está el contador. Los denunciantes creen que tendría que haberlo hecho antes y ni siquiera debió haber intervenido.
La semana pasada, antes de esta decisión, el mismo Jurado de Enjuiciamiento había decidido abrir una investigación contra la fiscal, que en los hechos es la subprocuradora de la provincia, por su participación en esa causa, vinculada a los expedientes que tramita contra Urribarri.