Este miércoles, se realizó la audiencia para definir si se levanta el secreto de sumario en la causa por supuesto espionaje ilegal en la que están involucrados ex funcionarios del Ministerio de Seguridad.
Fue a partir de las 10hs, y el juez de Cámara Sebastián Creus escuchó los argumentos de los fiscales en representación del MPA y de los defensores de los acusados, y deberá analizar el fallo del magistrado Jorge Patrizi y su apelación, entre otros recursos. Tiene un plazo de cinco o seis días.
Cabe recordar que se trata del caso que investiga, a funcionarios del Ministerio de Seguridad y al exministro, Marcelo Saín, por haber realizado una tarea de espionaje a personalidades políticas y mediáticas de la provincia.
En la causa hay tres recursos presentados contra tres resoluciones dictadas por distintos jueces penales vinculados al procedimiento extendido de la investigación, la duplicidad de plazos y el levantamiento de la reserva de las actuaciones dispuesta, en último caso, para garantizar el derecho de los imputados de acceder a la investigación en curso, refirió la fuente.
En la resolución se esgrime “que no sólo el sentido común obliga a sostener que, tratándose de una pretensión común, en una misma investigación, por los mismos hechos, aún cuando tenga múltiples individuos investigados, resulta necesario tener decisiones comunes, lo cual sólo es posible lograrlo con un único Tribunal. De hecho, de las distintas resoluciones impugnadas ya surgen contradicciones que resultan incoherentes con el debido proceso dado que, para algunos imputados se ha decidido el cese de la reserva de la investigación y para otros no, agregándose la trascendencia pública e institucional de los hechos en averiguación, lo cual reclama rapidez en el procedimiento”, señaló el juez de alzada penal.
Luego de la reunión, el fiscal regional Jorge Nessier, en representación del MPA explicó que en la audiencia "se trataron algunas apelaciones tanto de fiscalía como de defensa ligadas a dos aspectos fundamentales: una resolución jurisdiccional que autorizó el procedimiento extendido, una ampliación, duplicidad en términos del proceso, cuando se verifica una causa compleja por múltiples razones, por multiplicidad de implicados, víctimas y evidencias".
El segundo aspecto fue un reclamo de la defensa "de poder acceder a las evidencias del legajo fiscal, algo que se hace después de la audiencia imputativa que aún no se hizo, que inicialmente fue rechazado y luego admitido por otro juez".
Por su parte, Juan Lewis, abogado defensor aseguró que "la fiscalía contestó con un argumento formalista de que en realidad ellos ya habían levantado las reservas, que estaba la información disponible salvo algunas cuestiones".
Sin embargo, afirma que no se los deja fotocopiar el material que hay o copiar digitalmente: "solo podemos ir y consultar en la sede de la fiscalía, sacarle fotos y nos están examinando a qué le sacamos y a qué no por si hay alguna referencia a terceros".
Por último, sostuvo sobre esa información de terceros reservada que las consultas a bases de datos "no responde a un delito de espionaje", ya que cualquier persona puede acceder a través de Google.