Finalmente, con fecha 28 de marzo, el gobernador Omar Perotti firmó el decreto a través del cual permite a los oficiales de policías desarrollar actividades de la policía vial, como ser retener aquellos motovehículos que se encuentran en infracción.
El decreto establece que la medida se da "en el marco del despliegue de las funciones que le corresponden a la Policía de la Provincia de Santa Fe de atender en lo concerniente al planeamiento operativo, la ejecución y control de acciones de prevención de la comisión de delitos y el resguardo de las personas y sus bienes".
De esta forma, los agentes y funcionarios "podrán en la vía pública y al momento de realizar las tareas de identificación de personas que circulen en motovehículos, disponer la retención de los mismos cuando quien lo conduce no pueda acreditar la titularidad del dominio o de su legítima posesión o autorización de uso".
Acto seguido, deberán dar cuenta de manera inmediata a las autoridades locales para que tomen la intervención que les compete a los fines de la identificación de los motovehículos y su remisión, en su caso y si correspondiere, al depósito local.
La medida había sido anticipada en la última reunión del Consejo de Seguridad, en el cual los funcionarios provinciales hicieron especial hincapié en su preocupación por combatir a los motochorros, ya que en Santa Fe el tema tiene "particularidades que no tiene en otros lados", tal como que "en el 70% de los delitos se utiliza como escape un motovehículo".
Ante esta situación, el ministro de Seguridad, Jorge Lagna anunció que actualmente estaba "en revisión" un decreto que buscaría "dar atribuciones a la Policía en el tema de tránsito", es decir, atribuciones "de carácter municipal". El mismo será similar a una normativa que ya aplica Entre Ríos y habilitará a los uniformados a interceptar motovehículos y secuestrarlos.