Este martes el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain quedó al borde de ir preso tras ser imputado por más de 20 delitos en base a una asociación ilícita por hechos cometidos entre comienzos de 2021 y finales de 2021.
Junto al ex ministro, otras 11 personas fueron identificadas como parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y además violar la ley de inteligencia nacional. Se los investiga por haber realizado escuchas ilegales a personalidades públicas de la provincia, políticos, periodistas y empresarios, entre otros.
Según los fiscales, "la organización criminal poseía estructura piramidal y era encabezada por Marcelo Sain -en carácter de Jefe-, seguido por Nadia Schujman -en carácter de organizadora en el Ministerio de Seguridad- y Débora Cotichini -como organizadora en el Organismo de Investigaciones".
Relataron que "se utilizó para fines ajenos a la prevención en seguridad y la investigación penal (ya sea para fines políticos partidarios, para hostigar o intimidar a rivales políticos o funcionarios, empresarios y profesionales con los que disentía públicamente, etc.) la información personal cuya obtención ilegal ordenó".
También que "utilizó con los mismos fines información obtenida en el marco de investigaciones penales violando el deber de reserva".
Para todo eso, realizaron "acciones de inteligencia prohibidas por la ley 25520, consistentes en obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el sólo hecho de sus acciones privadas, opinión política, adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales o laborales y por actividades lícitas que desarrollan en la Provincia de Santa Fe".
"Con ello procuraron además influir en la situación institucional, política, policial y social de la Provincia de Santa Fe, así como influir en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión y en asociaciones y agrupaciones de la Provincia de Santa Fe. Ello fue realizado además sin respetar los principios de necesidad y pertinencia, utilidad, proporcionalidad y legalidad de la inteligencia criminal", agregaron.
"A su vez, divulgaron información reservada adquirida en ejercicio de sus funciones sin que medie orden o dispensa judicial", añadieron.
De la descripción de los hechos surge que el ex secretario de prensa y comunicación Federico Llumá fue clave para la divulgación.
Para los hechos, Sain atribuía órdenes del entonces senador nacional Roberto Mirabella -ahora diputado- y del gobernador Omar Perotti. En el caso de Gabriel Somaglia, secretario de Justicia, su voz aparece expresamente.
Repercusiones
Luego de dicha audiencia, las diputadas Lionella Cattalini y Gisel Mahmud, integrantes del Bloque Socialista, dijeron a LT10 que los acusados fueron "imputados por asociación ilícita, espionaje ilegal, defraudación al estado", y de esta forma "da cuenta de que los funcionarios que tenían que dedicarse a cuidarnos, estaban cometiendo delitos".
Además, sostuvieron que quieren saber "el rol de Sain y el del gobernador, quién era el jefe de la banda, de la asociación ilícita, y qué sabia y que no el gobernador. Nadie cree que se cometieran estos delitos sin que el gobernador lo supiera".
En consonancia, exigen que el gobernador se presente a la Justicia: "Ahora le toca a Perotti rendir cuentas y decirnos a la ciudadanía qué pasó y por qué en el Ministerio de Seguridad en lugar de actuar en pos de la sociedad, se cometían delitos".