El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y a la gerenta general, María del Carmen Barros, por las contrataciones a familiares y otras personas en la entidad.
La causa se inició por denuncia de la dirigente de la oposición Graciela Ocaña y se investigan los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado.
El fiscal federal Marijuan imputó a Batakis en la causa que está a cargo del juez federal Daniel Rafecas.
Según la denuncia, los funcionarios “habrían intervenido en el ámbito de sus funciones y sin contar con el aval del directorio” del Banco Nación “en la contratación de Verónica Laura Asad, conocida como ‘Pitty, la ´numeróloga’, para un ‘un curso de coach’ por la suma de $1.800.000″, “la designación de Héctor Javier Silva, ex marido de Silvina Batakis, en el cargo de Gerente de Sistemas del BNA”, y “el nombramiento de Juan Pablo Pedemonte, hijo de María del Carmen Barros, al frente de una gerencia en la casa matriz del BNA”.
También el nombramiento de Maximiliano Piantanida, amigo de María del Carmen Barros, como Gerente Departamental del Banco Nación. Sumado a ello, el aval de la titular del Banco para que Barros cobre un sueldo mensual de 900 mil pesos.
“El insospechado grado de impunidad de esta gente les hace creer que pueden cobrar millones de pesos de una entidad pública y que cuando le preguntan cuál fue el servicio prestado decir que es algo privado. Como si esto fuera poco, en otra parte de la entrevista la numeróloga dijo que ni siquiera prestaba el servicio en el Banco, sino que la Gerenta General del Banco Nación se acercaba a su lugar de trabajo donde hay cámaras. ¿Cuál es el servicio que le puede prestar una numeróloga al Banco de todos los Argentinos que no lo prestaba en el Banco y que la Gerenta General debía ir hasta su lugar de trabajo?. Más que un servicio para el Banco es claro que el servicio es un servicio privado para Barros y que lo abono mediante una factura apócrifa que se cobró con dinero público que le pertenece a todos los Argentinos”, sostuvo Ocaña en su denuncia.
La numeróloga Pity reconoció que percibió 1,8 millones de pesos por un lapso de seis meses como asesoría aunque ella dijo que simplemente la contrataron y deslindó todo tipo de responsabilidad.