La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó una serie de allanamientos durante la mañana del viernes en Rosario y Rafaela, en el marco de una causa federal que tiene como principal imputado al juez Marcelo Bailaque.
Las medidas incluyeron procedimientos en propiedades vinculadas a los empresarios Fernando y Guillermo Whpei y en el estudio jurídico Zenclusen, especializado en derecho tributario.
Uno de los allanamientos se realizó en el domicilio particular de Fernando Whpei, una residencia fortificada ubicada en Santiago al 800, en pleno centro rosarino. También fueron inspeccionadas las oficinas de los hermanos, ubicadas en el emblemático Palacio Fuentes, en la esquina de Sarmiento y Santa Fe, donde además funciona el Museo de la Democracia. En todos los casos, la PSA secuestró documentación y dispositivos electrónicos.
En Rafaela, el operativo apuntó al estudio jurídico Zenclusen, desde donde también se retiraron elementos clave para la causa. Los procedimientos se ordenaron en el marco de la investigación que involucra a Bailaque, acusado de favorecer presuntamente a Fernando Whpei en una causa por el manejo irregular de fondos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto General San Martín.
La causa judicial se originó en 2021, cuando un grupo de estibadores denunció el vaciamiento de la cooperativa a través de operaciones con mutuales vinculadas a los Whpei, no supervisadas por el Banco Central. Según los fiscales, Bailaque, en una polémica decisión, autorizó la transferencia de millonarios fondos de la cooperativa desde el Banco Nación hacia esas mutuales privadas.
El avance de la causa, a cargo del fiscal federal Federico Reynares Solari, se potenció recientemente con la declaración como arrepentido de Carlos Vaudagna, exjefe regional de la AFIP, quien afirmó que Fernando Whpei participó en una reunión en la casa de Bailaque donde se pactó una extorsión contra empresarios.
El expediente contra Bailaque incluye cargos por prevaricato, incumplimiento de los deberes de funcionario público y presuntas asociaciones ilícitas. El vínculo personal entre el juez y los hermanos Whpei, ya acreditado judicialmente, es una de las claves del caso que podría sacudir los cimientos del fuero federal en la región.