En junio de 2022, el diputado provincial Fabián Palo Oliver había pedido un juicio político contra el entonces vocal del Tribunal de Cuentas de Santa Fe Oscar Biagioni. Fue por el ingreso de su esposa –abogada– al organismo y su posterior postulación para jueza penal de Rosario con presuntas «ventajas».
El mismo legislador, esta semana, volvió a reclamar la investigación del funcionario, que desde diciembre de 2022 ejerce por segunda vez la presidencia del Tribunal de Cuentas.
Ahora, la presentación de Oliver surge de escuchas telefónicas en el marco de la causa que investiga una trama delictiva en la Policía de Santa Fe. Es la que tiene en el banquillo a dos ex jefes de la fuerza acusados de encabezar una asociación ilícita que defraudó al Estado provincial fraguando arreglos de móviles policiales nunca realizados.
La denuncia de esa «mafia» policial con las reparaciones mecánicas truchas fue cursada en forma anónima, a partir de una presentación realizada por el entonces ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro.
Según el actual gobernador, "en aquel tiempo recibió un sobre cerrado con una denuncia anónima referida al tema”.
Pullaro declaró a inicios de esta semana en el inicio del juicio contra Odriozola y Grau que se encuentra en cuarto intermedio.
Por LT10, Fabián Palo Oliver dijo que "es una defraudación contra la administración pública, en la que aparece el presidente del Tribunal de Cuentas de Santa Fe hablando de forma familiar con uno de los denunciados (ex subjefe de la Policía)", y agregó que "en esta causa hay más de diez condenados".
"En esa conversación telefónica, Biagioni le dice al subjefe policial que tiene todo su respaldo, en términos personales y como presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia", contó Palo Oliver.
El diputado señala que "es algo muy grave, porque estamos hablando de un funcionario que tiene que velar por la transparencia de los actos y gastos en todas las agencias y poderes del Estado".
Finalmente, indicó que "Biagioni estuvo mencionado en dos causas. Este material es suficiente, no se si habría más pruebas. Es una persona que hace mucho tiempo debió ser expulsada del Estado, pero ha tenido la participación de forma transversal en distintos gobiernos, tiene diez años como miembro del Tribunal de Cuentas y uso toda la información que tiene para extorcionar".