Dos hechos de extrema violencia ocurridos en la provincia de Santa Fe en las últimas semanas generaron una fuerte conmoción social y reavivaron un debate de fondo. El homicidio de Jeremías Monzón y el intento de asesinato de Delfina —la adolescente de 15 años atacada a puñaladas en la ciudad de San Cristóbal— dejaron al descubierto un nivel de agresividad que impacta por la edad de los agresores y por la planificación con la que actuaron.
En ambos casos, los responsables fueron menores de edad, lo que volvió a instalar interrogantes sobre el actual régimen de responsabilidad penal juvenil. La reiteración de hechos protagonizados por jóvenes de entre 14 y 16 años expone los límites de las herramientas del Estado y abre la discusión sobre cómo juzgar este tipo de crímenes sin reducir el análisis a una consigna simplista.
En diálogo con el móvil de LT10, el ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, sostuvo que el debate no es nuevo para el Ejecutivo santafesino: “Como lo hemos venido sosteniendo durante dos años, y no solamente ante un hecho puntual, creemos que hay que discutir el marco jurídico de la responsabilidad penal juvenil”.
El funcionario aclaró que no se trata únicamente de bajar la edad de imputabilidad, sino de revisar el esquema actual frente a hechos de extrema gravedad. “No estamos yendo a la fácil de decir que esto se soluciona con la baja de la edad; pero, claramente, ante hechos de violencia desmedida no puede no haber una instancia de responsabilización y de asignación de consecuencias a los propios actos”, afirmó.
Cococcioni diferenció las situaciones menores de los delitos violentos. Al respecto, señaló que se puede entender que un menor tenga un desarrollo de la personalidad o una maduración menor y que existan hechos que podrían calificarse de "travesuras". "Ahora, cuando se supera un umbral en el nivel de violencia, nadie puede decir que un menor no comprendía la criminalidad de lo que estaba haciendo”, agregó.
En ese sentido, fue contundente al señalar que el homicidio o las lesiones graves exceden cualquier discusión cultural o legal: “Los hechos de violencia transgreden no solo la norma, sino también patrones éticos que nadie puede desconocer. Nadie puede salir a la calle a los 14 años y pensar que tranquilamente puede matar a otra persona”.
El ministro también remarcó las limitaciones actuales del Estado: “Se trata de menores no punibles por la edad, con lo cual todas las respuestas tienen una nota asistencial en el marco de las políticas de niñez, pero no tienen un carácter penal y no se pueden asignar consecuencias como, por ejemplo, una privación de libertad”.
Consultado sobre una eventual reforma, Cococcioni precisó que la discusión debe darse a nivel nacional. “Lo que hay que revisar es la legislación nacional. Es momento de dar una discusión, al menos para delitos graves que indudablemente permiten una atribución de responsabilidad”, sostuvo.
Finalmente, insistió en que la edad no puede ser un argumento absoluto frente a hechos extremos: “Un chico de 14 años entiende perfectamente porque la prohibición de matar está inscrita en nuestra cultura desde hace siglos. Matar a una persona cruza no solo una línea que traza la ley, sino una línea que traza nuestra cultura”.