El Procurador General de Santa Fe, Jorge Alberto Barraguirre, analizó en diálogo con LT10 el reciente fallo de la Justicia de los Estados Unidos en favor del Estado Argentino en el caso YPF. El funcionario destacó que, más allá del resultado, lo trascendental radica en el razonamiento del tribunal, que aceptó que el litigio debe regirse por el derecho local.
“Para la Argentina es un triunfo de aquellos”, afirmó Barraguirre. Según el jurista, el éxito se vincula directamente con la estrategia diseñada por la Procuración del Tesoro y los estudios jurídicos estadounidenses que acompañaron el proceso. “El tribunal reconoció que, aunque se litigue en el extranjero, el derecho que debe regular el asunto es el argentino”, explicó.
Uno de los puntos centrales del fallo, según el Procurador, es el cambio de perspectiva sobre la naturaleza jurídica de YPF. Mientras que los accionistas minoritarios y la jueza de primera instancia consideraban el estatuto de la empresa como un contrato, la Corte de Circuito determinó que es una disposición funcional del ordenamiento.
“Esto es central porque, al no ser un contrato, rige la Ley General de Expropiaciones de Argentina por sobre el estatuto”, detalló Barraguirre. En este punto, destacó la participación de tres académicos santafesinos —los doctores Gorda, Beder y la doctora Antic—, quienes presentaron un escrito como amigos del tribunal (amicus curiae) a través de la Asociación Argentina de Derecho Administrativo, reforzando esta línea argumental.
Barraguirre también se refirió a la desproporción económica del juicio. Señaló que el fondo litigante adquirió los derechos para demandar por 15 millones de euros y pretendía una indemnización de 16.000 millones de dólares, cifra que representa casi la mitad del presupuesto nacional argentino.
“El tribunal americano está viendo funcionalmente que es un despropósito otorgar semejante indemnización a un litigante que pagó una cifra mínima para comprar el juicio”, sostuvo.
Ley de Glaciares: "No se puede ir para atrás en la protección"
En otro orden de temas, el Procurador se refirió a su reciente exposición en la Cámara de Diputados de la Nación como presidente de la Red de Fiscales Ambientales, donde manifestó su preocupación por las modificaciones propuestas a la Ley de Glaciares.
Barraguirre hizo hincapié en el principio de no regresión: “Estas leyes de presupuestos mínimos establecen estándares de cuidado que no pueden ser reducidos. Implican una protección uniforme para todos los habitantes del país”.
Advirtió que romper esta estructura federal de protección ambiental podría generar un efecto dominó sobre otras normativas, como la Ley de Bosques o la protección de humedales. Como alternativa, propuso fortalecer el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEEMA) para que sean las provincias quienes resuelvan posibles tensiones entre la autoridad nacional y las jurisdicciones locales sin desmantelar el sistema de protección actual.