La reforma laboral sufrió un nuevo revés en la Justicia. En las últimas horas, el juzgado nacional del Trabajo Nº 7 suspendió la aplicación del artículo 101 de la reforma laboral que declaró a la educación como servicio esencial y, por lo tanto, los sindicatos del sector están obligados a mantener un 75% de prestación normal de la actividad si disponen una huelga.
El juez José Ignacio Ramonet aplicó la medida cautelar que solició la Unión Docentes Argentinos (UDA) que conduce Sergio Romero. Alcanza a la totalidad de los docentes del país y suspende temporalmente la restricción de derechos sindicales bajo el rótulo de servicio esencial.
En un comunicado, la conducción de UDA, señaló que el espíritu de la reforma laboral colisionaba directamente con garantías constitucionales del sector docente.
Romero, quien además es dirigente de la Confederación General del Trabajo (CGT), se mostró conforme tras conocerse la decisión judicial y subrayó que el foco de la gestión pública debería estar en la inversión y no en el recorte de libertades. “Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones”, sostuvo el cuadro sindical.
Resoluciones judiciales
Es la quinta resolución en contra de la ley sancionada por el Congreso hace poco más de un mes. Días atrás, la Justicia laboral suspendió, de manera provisoria, más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, luego de una medida cautelar presentada por la CGT.
En rigor, en ese fallo también se suspendían los efectos de la restricción del derecho de huelga por vía de la esencialidad. Anteriormente se habían apilado distintas resoluciones relacionadas con la ultraactividad, los aportes a sindicatos, las multas por indemnización y el traspaso de juzgados laborales a la ciudad de Buenos Aires.
Repercusiones locales
Desde la CGT Rosario junto a referentes de gremios locales enrolados en la misma celebraron estos fallos. El titular de la central obrera local, Miguel Vivas expresó en un medio local: “Creemos que este fallo es importante y nos da un paso para adelante, seguramente vamos a tener que seguir peleando en esto porque el gobierno seguramente va a apelar, pero el fallo genera una jurisprudencia”, agregó el también secretario general del gremio de la Alimentación de Rosario
Para Antonio Ratner, secretario general de los trabajadores municipales de Rosario, “a todas luces la ley de reforma y modernización laboral, es inconstitucional”.
“Esta medida cautelar tiene efecto suspensivo hasta la sentencia definitiva, la que puede ocurrir en días, semanas, meses o años, esta medida pone la Constitución por encima de los intereses políticos de un gobierno, que niega los derechos de los trabajadores y sus organizaciones sindicales”, completó Ratner .
En tanto, Walter Palombi, Titular del Sindicato de Trabajadores del Correo de Rosario manifestó: “Este fallo es un aliciente porque nos parece que hay señales positivas en lo que tiene que ver en el ámbito de la justicia, de hecho han salido varios fallos en el mismo sentido y esto demuestra que vale la pena la lucha de los trabajadores”.
Seguir en la calle
Para Martín Lucero, secretario adjunto de la central obrera local, “ahora hay que ir a fondo para que se le de invalidez de manera definitiva”. El dirigente de los docentes privados consideró que, “hay que seguir movilizados, presionando para que los jueces fallen conforme a derecho y este fallo es precisamente conforme a derecho porque protege a los trabajadores y deja sin efecto, por lo menos de manera cautelar, esta ley que es nefasta”.
Claudio Garcia, secretario adjunto del sindicato de encargados de edificio de Santa Fe expresó que “en esta horas se dieron algunas cuestiones legales para destacar, una de ellas es el reconocimiento a la CGT como representante legítima de la clase trabajadora ante la modernización laboral". planteó
Para Claudia Indiviglia, titular del Sindicato de Trabajadores Estatales (Norte), la medida cautelar constituye un hecho de profunda relevancia institucional. “No se trata de una acción política, sino de una declaración del poder judicial en el ámbito de sus competencias”, subrayó.