La aparición de amenazas en al menos 14 escuelas del departamento La Capital encendió las alarmas en la comunidad educativa y obligó a activar protocolos de seguridad. La suspensión de clases, los patrullajes y los controles en edificios escolares marcaron una jornada atravesada por la incertidumbre. Este hecho no solo ocurrió en Santa Fe, sino que también se replicó en el interior de la provincia y otros puntos del país.
En ese contexto, la mirada penal cobra relevancia para entender el alcance de estos hechos. En diálogo con LT10, el abogado penalista Néstor Oroño analizó cuándo estas situaciones dejan de ser «bromas» para convertirse en delitos y qué impacto generan en la sociedad.
Para dimensionar el problema, el especialista ubicó estas conductas dentro de los llamados delitos contra el orden público. «Lo que se pretende proteger es la tranquilidad pública, es decir, el estado de paz, orden y armonía en que todos pretendemos vivir en el seno social», planteó al explicar que figuras como la intimidación pública o la incitación a la violencia buscan sancionar acciones que alteran ese equilibrio.
En ese sentido, consideró que los episodios registrados en escuelas santafesinas pueden encuadrar en esa figura penal. «Cuando mediante este tipo de acciones se pretende infundir temor a un número indeterminado de personas, o bien suscitar tumultos o desórdenes, ese sería el núcleo del delito de intimidación», describió.
El impacto, remarcó, es concreto y visible: la activación de operativos policiales, la interrupción de clases y la preocupación de las familias reflejan esa alteración. Además, advirtió que las penas previstas no son menores. “Son delitos de cierta gravedad”, sostuvo, y recordó que el Código Penal contempla escalas de “prisión de 2 a 6 años”, incluso en casos que muchos podrían considerar una simple broma.
Una de las claves jurídicas es que estos delitos no apuntan a una víctima puntual, sino a la comunidad en general. «No están dirigidos a una persona determinada, sino a la generalidad, a un número indeterminado de personas», explicó, diferenciándolos de las amenazas individuales.
Además, advirtió que las penas previstas no son menores. «Son delitos de cierta gravedad», sostuvo, y recordó que el Código Penal contempla escalas de «prisión de dos a seis años», incluso en casos que muchos podrían considerar una simple broma.
El análisis también aborda el origen del fenómeno. Para Oroño, el rol de las redes sociales y las dinámicas digitales es clave: «Las posibilidades de las redes son infinitas, desde la sugestión colectiva como también la posibilidad de actuar directamente sobre determinadas personas», señaló, y agregó que «es muy probable que estas acciones estén desarrolladas por chicos muy jóvenes» inmersos en ese entorno.
En ese punto, vinculó lo ocurrido con fenómenos recientes. «Puede haber mucho de sugestión que haya sido desatada por el hecho tan triste que ocurrió en San Cristóbal», deslizó en referencia a casos de fuerte repercusión.
Más allá de la edad de los involucrados, también aparece la responsabilidad de los adultos. Si bien aclaró que en muchos casos no habría consecuencias penales por tratarse de menores de 16 años, sí puede haber implicancias económicas para sus familias. «En la faz civil, la responsabilidad se extiende a los representantes legales, sean padres, tutores o guardadores del menor», afirmó.
De este modo, el especialista dejó en claro que detrás de las amenazas no solo hay un problema de convivencia escolar, sino un fenómeno con implicancias legales concretas. En un escenario donde el miedo se multiplica rápidamente, la advertencia es directa: no se trata de un juego, sino de conductas que pueden tener consecuencias graves.