Este jueves continuará la audiencia de medidas cautelares para dos oficiales de la Seccional 8ª, acusados de extorsionar a un joven para devolverle su motovehículo. Según explicó el fiscal de la Unidad de Delitos Complejos, Ezequiel Hernández, la maniobra incluyó amenazas de prisión y el uso de recursos públicos para fines delictivos.
El hecho comenzó el 22 de abril, cuando los policías exigieron un millón de pesos a la víctima bajo la amenaza de encarcelarlo por 15 años por "falsa denuncia". Tras la denuncia del joven ante la Secretaría de Control de Fuerzas de Seguridad (Asuntos Internos), se organizó un operativo de precisión.
"Se individualizaron los billetes, se fotocopiaron y firmaron para registrar la numeración. El joven ingresó a la comisaría el 24 de abril con el dinero marcado, mientras todo era filmado por personal encubierto", detalló el fiscal. La señal para el ingreso de los agentes fue que la víctima se colocara la capucha de su prenda al salir. Inmediatamente, Asuntos Internos irrumpió en la seccional y halló la totalidad del dinero marcado en el interior del edificio.
La fiscalía investiga la participación de un tercer funcionario policial que habría intervenido en la etapa de intimidación inicial. Según Hernández, la banda actuó con premeditación: "Utilizaron un móvil policial antiguo, que tiene la particularidad de no poseer sistema de GPS, lo que facilitó el traslado hasta Sauce Viejo para recuperar la moto sin dejar registros de geolocalización".
La trama se vuelve más compleja al analizar cómo los policías obtuvieron el control sobre la víctima. Aparentemente, el joven había entregado la moto como parte de pago por un préstamo y, ante el temor de que fuera usada para delinquir, consultó a los oficiales. Estos le aconsejaron denunciarla como robada.
"El joven firmó un papel sin saber qué decía. Los policías fueron a buscar la moto a Sauce Viejo y, una vez con el vehículo en su poder, lo extorsionaron: le exigieron el dinero no solo para devolverle la moto, sino para no denunciarlo por la falsa declaración que ellos mismos le habían hecho firmar", explicó el fiscal.
Los efectivos enfrentan cargos por exacciones ilegales, un delito cometido por funcionarios públicos que, abusando de su cargo, exigen o hacen pagar indebidamente una contribución o una dádiva. La fiscalía adelantó que solicitará medidas de prisión preventiva mientras continúa la investigación para identificar al tercer implicado.