La Justicia santafesina ratificó las condenas para tres integrantes de una banda que, mediante un engaño vinculado a la compra y venta de cabello, asaltó a una peluquera oriunda de Paraguay y a su pareja. El hecho, calificado como robo calificado por ser en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, terminó con penas de cumplimiento efectivo.
Según explicó la fiscal del caso, la Dra. Rosana Peresín, la maniobra fue liderada por Rocío Bustos, quien mantenía una supuesta relación laboral con la víctima. Bustos convenció a la peluquera para que viajara a Santa Fe bajo la promesa de conseguir jóvenes dispuestas a vender su cabello y le ofreció alojamiento en su propia vivienda.
Las víctimas arribaron a la casa de Bustos alrededor de las 3 de la mañana tras un viaje coordinado permanentemente por la imputada. Sin embargo, al llegar, fueron abordadas por un grupo de hombres armados —entre los que se encontraba una menor de edad— que les sustrajeron efectos personales, relojes y una importante suma de dinero: 2 millones de pesos y 4.000 guaraníes.
Aunque en un primer momento Bustos intentó hacerse pasar por una víctima más del asalto, la investigación policial y la identificación de los otros participantes permitieron determinar que ella fue quien facilitó el ingreso de los delincuentes y coordinó el golpe.
A través de un acuerdo de juicio abreviado, se dictaron las siguientes sentencias:
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Rocío Bustos: Condenada a 7 años de prisión efectiva. Debido a que tiene cinco hijos (dos de ellos menores de 5 años) y no poseía antecedentes, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria.
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Juan Óscar Martínez y Marcelo Martínez: Recibieron una pena de 7 años y 10 meses de prisión. En ambos casos se declaró la reincidencia, ya que contaban con antecedentes penales previos. Notablemente, Juan Martínez había recuperado su libertad apenas diez días antes de cometer este nuevo delito.
Un cuarto implicado ya firmó también un procedimiento abreviado con una pena similar, mientras que un quinto coimputado se encamina a juicio oral, dado que es el único que aún no ha prestado conformidad para un acuerdo. La fiscalía destacó que, pese a las detenciones, el dinero en efectivo no pudo ser recuperado, por lo que el delito se consideró como consumado.