A siete años de la muerte de Diego Román en la ciudad de Recreo, la querella representada por el Dr. Dionisio Ayala sostiene que la investigación liderada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ha sido manipulada.
Según Dionisio Ayala, abogado de la madre de Diego, lo que se está viviendo en el proceso actual es una "farsa judicial donde se está manejando prácticamente el poder judicial a gusto" de quienes integran el organismo acusador.
El rechazo a la hipótesis de los perros
La versión oficial, que sugiere que el niño de 12 años murió a consecuencia del ataque de una jauría, es tajantemente rechazada por Ayala. El abogado sostiene que las pruebas físicas en la escena contradicen esta teoría de manera evidente. "¿Cómo puede ser que lo maten los perros cuando el chico se encontró desnudo y encontraron precisamente las ropas amontonadas en grupitos?", cuestionó Ayala, agregando que para quitarle la vestimenta "tenían que haberla roto los perros a tirones (...) y no estaba roto ni el elástico del pantalón, ni del bóxer, ni tampoco la remera".
Para la querella, el cuerpo fue manipulado por personas. Ayala identifica como presuntos ejecutores a tres individuos de apellido Valdés y Vázquez, mencionando que uno de ellos era conocido en Recreo por la venta de estupefacientes y tenía vínculos en Rosario.
Acusaciones contra la cúpula judicial
El letrado también dirigió sus críticas hacia los fiscales a cargo, Marchi y Yoria, denunciando que ignoraron testimonios clave y pruebas de golpes en la cabeza del niño que no fueron exhibidas debidamente. Asimismo, recordó que el médico forense Pascual Pimpinela inicialmente describió el hecho como un "asesinato de esta naturaleza... como un homicidio de los cárteles", para luego cambiar su postura dos años después.
Debido a lo que considera una cadena de irregularidades y el rechazo constante a sus pedidos, Ayala confirmó acciones legales de alto impacto: "Estamos presentando... ante la Cámara de Senadores, ante la comisión de juicio político, el enjuiciamiento contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia, el Dr. Jorge Baclini". Según el abogado, Baclini, quien era Fiscal General al momento del inicio de la causa, encabezó una investigación que "vapuleó" a la familia mediante el rechazo sistemático a apartar a los fiscales cuestionados.
Finalmente, Ayala calificó la actuación de los jueces que los excluyeron de la causa como un acto de "ignorancia manifiesta" e "insuficiencia moral", reafirmando su compromiso de seguir denunciando lo que considera un complot para encubrir el verdadero móvil del crimen