Sara Gutiérrez fue condenada a tres años y seis meses de prisión efectiva por haber participado del ataque a balazos y las amenazas contra la familia de Ángel Di María, ocurrido en marzo de 2024 frente al country de Funes donde reside su familia.
La sentencia fue homologada por el juez Hernán Postma Artacho, en el marco de un procedimiento abreviado acordado entre la Fiscalía y la defensa.
La mujer fue condenada como coautora de los delitos de amenazas coactivas calificadas por el uso de arma y por ser anónimas, intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
El plan para intimidar a Di María
Según la investigación de la fiscal Paula Barros, el ataque formó parte de un plan organizado en medio de una disputa entre facciones de la barra brava de Newell's.
La acusación sostiene que un hombre identificado por sus iniciales A.N.F. ordenó concretar la amenaza contra la familia del campeón del mundo con el objetivo de impedir que el futbolista regresara desde Europa para jugar en Central.
De acuerdo con la Fiscalía, el impacto mediático del atentado buscaba fortalecer su liderazgo dentro de la interna de la barra y desplazar al grupo que conducía la organización.
Para ejecutar el ataque, A.N.F. encomendó la tarea a S.G.D.V., quien a su vez contrató a personas de confianza, entre ellas Sara Gutiérrez.
Disparos y una nota intimidatoria
La madrugada del 25 de marzo de 2024, alrededor de la 1.30, Gutiérrez y otro hombre se trasladaron en un Renault Mégane gris hasta el ingreso del country ubicado sobre calle Fuerza Aérea al 4200, en Funes.
Allí efectuaron varios disparos contra el frente del barrio cerrado y arrojaron una nota con amenazas antes de escapar del lugar.
La investigación también reveló conversaciones de WhatsApp entre los involucrados. Tres días antes del atentado se coordinó que el ataque se realizara un domingo o un lunes "para que salga en el noticiero". Tras concretarlo, uno de los ejecutores informó que el "trabajo" había sido realizado con éxito.
El contexto de violencia
Para la Fiscalía, el hecho también buscó generar temor en la población aprovechando el contexto de extrema violencia que atravesaba Rosario en aquellos meses, marcado por balaceras, homicidios y amenazas vinculadas a organizaciones criminales.
En la nota intimidatoria dejada en el lugar también se hacía referencia al gobernador, en una maniobra destinada a amplificar el impacto público del ataque.
Un arma secuestrada
Dos días después del atentado, durante un allanamiento realizado en una vivienda de Moreno al 900 donde se ocultaban los acusados, la Policía secuestró una pistola Bersa calibre 22 cargada.
Por ese hecho, Gutiérrez también fue condenada por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil, delito que se sumó a las amenazas e intimidación pública. La pena quedó fijada en tres años y seis meses de prisión efectiva.