El Gobierno nacional modificó el Decreto 407/2026 mediante el Decreto 612/2026, al introducir cambios en la reglamentación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral que flexibilizan el régimen de aportes y contribuciones previstos en los convenios colectivos de trabajo, tras una negociación política y técnica mantenida con la conducción de la CGT.
La nueva norma, publicada en el Boletín Oficial, amplió la base de cálculo de las cuotas solidarias y otros aportes convencionales al incorporar las sumas remunerativas normales, habituales y de percepción mensual, en reemplazo del criterio anterior, que las limitaba al salario básico convencional.
Asimismo, el decreto excluyó del límite del 2% a los aportes y contribuciones efectuados por los empleadores con destino a fines sociales, asistenciales, previsionales o culturales, siempre que esos fondos sean administrados y documentados de manera diferenciada.
La decisión fue el resultado de una serie de negociaciones reservadas entre representantes del Poder Ejecutivo y la conducción de la CGT, luego de que la central obrera advirtiera que la reglamentación original afectaba el financiamiento de los sindicatos y obligaba a revisar centenares de convenios colectivos.
Según reconstruyeron fuentes con conocimiento de las conversaciones, el proceso comenzó con un intercambio técnico entre funcionarios del Gobierno y los abogados de la CGT, entre ellos Marta Pujada y Marcelo Cassia, quienes acercaron observaciones y propuestas de modificación sobre la reglamentación del Decreto 407/2026.
Superada esa instancia, las conversaciones pasaron al plano político. Por la CGT participaron activamente Gerardo Martínez (UOCRA), Cristián Jerónimo (SEIVARA) y Jorge Sola (Seguro), mientras que por el Gobierno intervinieron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el asesor presidencial Santiago Caputo. Tras el análisis de las alternativas y la búsqueda de un texto de consenso, los distintos sectores terminaron validando la redacción que finalmente quedó plasmada en el Decreto 612/2026.
El Decreto 407/2026, impulsado originalmente en el marco de la reglamentación de la reforma laboral, había establecido que la base para calcular las cuotas solidarias sería únicamente el salario básico convencional, criterio que la CGT consideró restrictivo por entender que reducía significativamente los recursos de las organizaciones sindicales.
Además, la central obrera sostuvo que esa redacción generaba incertidumbre jurídica, ya que obligaba a renegociar numerosos convenios colectivos y abría la posibilidad de una extensa judicialización de los acuerdos laborales vigentes.
Con las modificaciones introducidas por el Decreto 612/2026, el Gobierno buscó desactivar ese escenario, preservar la vigencia de los convenios colectivos y evitar una escalada del conflicto con la principal central sindical, en momentos en que avanza la implementación de la reforma laboral aprobada por el Congreso.