La detención de las exdirectoras de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) marcó un punto de inflexión en la causa que investiga las muertes por fentanilo contaminado. Ivana Esteban, integrante de la comunidad de familias afectadas en Rosario, dialogó con LT10 sobre el impacto de la medida, el rol del Estado y la lucha de las víctimas para exigir justicia y prevenir nuevas tragedias.
"No creo que Santa Fe haya sido la provincia más predispuesta a colaborar. En general, las instituciones médicas del país se mostraron muy reticentes a facilitar información; de hecho, la Justicia tuvo que allanarlas para acceder a las historias clínicas de los pacientes", sostuvo Esteban.
Respecto del impacto del cuadro procesal, advirtió sobre las falencias que aún truncan el acceso a la verdad para cientos de damnificados: "Una de las graves fallas e injusticias de esta causa es la cantidad de personas que, aun habiendo remitido su historia clínica a la fiscalía para constituirse en la causa, quedan fuera debido a que la documentación está incompleta o presenta defectos de forma, tal como quedó expresado en las resoluciones judiciales".
En ese sentido, la representante de la comunidad remarcó la carga emocional que afrontan los allegados a las víctimas: "Además de compleja, esta causa es cruel por lo que vivieron las familias y por lo que se atraviesa en este andar esperando. Esa dilatación revictimiza a la sociedad, por lo que es fundamental que los medios sigan visibilizando el tema".
Al referirse a las detenciones de las exfuncionarias, Esteban consideró que la medida judicial valida los reclamos históricos de las querellas y del Ministerio Público Fiscal. "A casi un año y medio de iniciada la investigación, esto viene a confirmar que hay una cadena de responsables. La ANMAT debe responder: aun viendo que existían desvíos de calidad, permitieron que el medicamento saliera a la venta. Quien producía el fármaco sabía que estaba contaminado y la ANMAT, pese a las alertas de calidad, decidió que saliera a la calle. Eso es un asesinato masivo", enfatizó.
Consultada sobre si las actuaciones judiciales deberían escalar hacia estratos más altos del Poder Ejecutivo, señaló: "Todo dependerá de los elementos que reúna la fiscalía para imputar delitos tipificados en el Código Penal, ya que no se puede avanzar solo con indicios. Sin embargo, pasó mucho tiempo. Requerir documentación al Ministerio de Salud después de un año y medio le dio tiempo a la estructura de acomodar los papeles. Como ciudadanos no podemos dejar de hacer esa lectura".
Esteban agregó que, según trascendidos sobre las declaraciones de las imputadas, el titular de la cartera sanitaria nacional de aquel momento estaba al tanto de la situación. "Tanto el Ministerio de Salud nacional como los provinciales son garantes de la salud de los ciudadanos. Hasta el momento, el juez logró comprobar 114 fallecimientos en los que el fentanilo contaminado aumentó el riesgo de muerte, además de 48 sobrevivientes que quedaron con secuelas de discapacidad. Pero hay muchos expedientes en estudio y se estima que la cifra superará las 200 víctimas".
Sobre el impacto en la provincia, precisó que, si bien no se cuenta con el número definitivo por el subregistro de muertes intrahospitalarias atribuidas erróneamente a otras patologías, en el inicio de la causa se presentaron 59 familias querellantes: 10 de la ciudad de Santa Fe y 49 de Rosario.
"El fentanilo es un anestésico de uso hospitalario común, 100 veces más potente que la morfina. El problema no es el medicamento en sí, sino que la partida administrada por vía intravenosa estaba contaminada con dos bacterias multirresistentes a los antibióticos, originadas por la falta absoluta de controles en un laboratorio que acumulaba 118 alertas previas de calidad. Suministrar eso a pacientes en terapia intensiva refleja una crueldad inaudita", explicó.
Por último, la referente remarcó que la respuesta no debe ser únicamente judicial e impulsó reformas legislativas concretas: "Pedimos en Santa Fe una ley de trazabilidad de medicamentos y la sanción de la Ley Nicolás sobre calidad y seguridad del paciente. En 2016 se quitó a este opioide de la ley nacional de trazabilidad y se delegó el control en las provincias, que en Santa Fe se llevaba en papel. Necesitamos una ley nacional de trazabilidad y que la Legislatura santafesina avance con el proyecto que ya tiene media sanción en el Senado. Pedimos a los legisladores que se involucren y voten estas leyes necesarias para cuidar la vida de todos".