Desde la asociación Incluime denunciaron que el Gobierno nacional no efectivizó la compensación de emergencia establecida por ley y advirtieron que este mes se cortó la cadena de pagos en el sector. Así lo manifestó la abogada de la entidad, Mariela Peña, luego de que se oficializara un incremento del 2,10 % para las prestaciones básicas de profesionales que asisten a personas con discapacidad.
"Estamos muy preocupados por las diferentes situaciones que atraviesa el colectivo. Salió publicado un aumento, si se puede llamar así, del 2,10 % para el mes en curso, pero paradójicamente se cortó la cadena de pagos. ARCA no transfirió a la Superintendencia de Servicios de Salud los fondos para abonar la facturación de junio, que correspondía cobrarse ahora", explicó Peña.
En relación con las auditorías que el Ejecutivo nacional había anunciado para ordenar el sistema, la profesional aclaró que las pocas que se realizaron presentaron irregularidades y fueron judicializadas: "La Justicia determinó que debían hacerse de nuevo, pero no se rehicieron. Tampoco se cumplió con la sentencia judicial del mes de febrero que le ordenaba al Gobierno abonar una compensación de emergencia excepcional para paliar los desfases de 2023 a 2025".
Peña remarcó que existe una "desobediencia al mandato judicial", a pesar de que los prestadores presentaron toda la documentación respaldatoria requerida. "Hoy se cortó la cadena de pagos y no cobraron las prestaciones de mayo y junio, que debían percibirse en agosto. ¿Qué trabajador o familia puede sostener esta crisis?", cuestionó.
La abogada enfatizó que esta situación paraliza proyectos de vida y limita la autonomía de los usuarios. "Las prestaciones no son solo para atender urgencias médicas; son herramientas fundamentales para la vida diaria. Sin transporte o sin asistente personal para la higiene y el traslado, las personas quedan confinadas en sus casas a la buena de Dios", advirtió.
La crisis económica llevó a las instituciones a reducir jornadas, suspender servicios de comida o restar días de asistencia. Incluso se recurre a la solidaridad comunitaria para afrontar costos operativos básicos: "Este fin de semana se organizó un bingo a beneficio de Un Mundo Especial, un hogar y centro de día de Colastiné. Históricamente estos eventos se hacían para pintar el edificio o comprar equipamiento; esta vez fue para pagar los aguinaldos de los trabajadores".
Respecto a las medidas del Gobierno provincial, Peña indicó que el adelanto de facturaciones de IAPOS no constituye una solución de fondo: "Te adelantan lo que ibas a cobrar más adelante. Cuando llega ese mes, ya no contás con el dinero porque lo usaste para pagar sueldos. Es una situación perversa donde el colapso es inminente".
Finalmente, al ser consultada sobre los anuncios oficiales sobre transferencias millonarias a las provincias, la representante de Incluime los desmintió categóricamente. "Es una publicidad engañosa del Gobierno nacional. Lo único que hizo fue transferir parte de las cápitas que debía por el programa Incluir Salud a los gobiernos locales. No fue un aporte extraordinario; simplemente pagaron una deuda atrasada. Ese dinero no le llegó al prestador", concluyó.