El Senado de Santa Fe dio este jueves media sanción a un proyecto que establece la obligatoriedad de realizar exámenes toxicológicos, conocidos como narcotests, a todas las personas que ejerzan cargos públicos electivos o hayan sido designadas políticamente en cualquiera de los tres poderes del Estado. La iniciativa fue presentada por el senador por el departamento Vera, Osvaldo Sosa, y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.
El proyecto contempla al gobernador y vicegobernador, ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo, legisladores y autoridades de ambas Cámaras, integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público y miembros de organismos de control. Los impulsores de la propuesta sostienen que la medida busca funcionar como una herramienta de prevención del consumo de sustancias ilegales y, al mismo tiempo, fortalecer la transparencia, la integridad institucional y la confianza de la ciudadanía.
Los controles serán obligatorios y gratuitos y deberán realizarse dentro de los 30 días posteriores a la asunción de cada funcionario. Además, la iniciativa establece exámenes periódicos al menos una vez al año, controles aleatorios mediante sorteo y la posibilidad de realizar estudios ante denuncias fundadas. El procedimiento deberá garantizar la confidencialidad, la dignidad de las personas examinadas, el derecho a defensa y el cumplimiento de la cadena de custodia de las muestras.
La iniciativa tomó impulso luego de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sometiera a un narcotest y convocara a otros integrantes de su gestión a realizarse controles similares. El proyecto también permite que otros agentes públicos provinciales puedan acceder voluntariamente a este tipo de exámenes, aunque no estén incluidos entre los cargos alcanzados por la obligatoriedad.
En caso de obtenerse un resultado positivo, el proyecto prevé un abordaje interdisciplinario que incluya asistencia y orientación, además de una evaluación sobre la aptitud de la persona para continuar ejerciendo el cargo. Las eventuales medidas sanitarias, administrativas o terapéuticas tendrán carácter no punitivo. En cambio, la negativa injustificada a realizarse el examen será considerada una falta grave y podría derivar en una suspensión preventiva, un sumario o la remoción, de acuerdo con los mecanismos legales vigentes.