La disputa entre la Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas atraviesa una nueva etapa de tensión. El Gobierno nacional anunció sanciones más severas contra las empresas que participen en la explotación de recursos naturales sin autorización argentina, mientras Londres publicó una guía destinada a compañías y particulares interesados en operar en el archipiélago.
El documento británico sostiene que la legislación argentina no tiene alcance sobre las islas ni sobre las empresas vinculadas con su actividad económica. La respuesta llegó mientras la administración de Javier Milei impulsa acciones legales contra las compañías que participan en el proyecto petrolero Sea Lion y busca ampliar las sanciones vigentes.
Marcelo Seghini, asesor de la Cámara de Diputados de la Nación, especialista en Defensa y Seguridad y coordinador de la Comisión de Defensa de la Fundación Alem, aseguró por LT10 que observa el escenario “con mucha preocupación”.
El avance del proyecto Sea Lion
El especialista señaló que las nuevas decisiones argentinas surgieron cuando el desarrollo petrolero ya se encontraba avanzado. “A mi criterio, el Gobierno reaccionó cuando el proyecto petrolero ya es un hecho”, sostuvo.
Sea Lion contempla una inversión inicial estimada en 2100 millones de dólares y proyecta comenzar a producir en 2028, con un nivel cercano a los 50.000 barriles diarios. El emprendimiento es desarrollado por la compañía israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration.
En paralelo, el Reino Unido mantiene el otorgamiento de licencias pesqueras en aguas que la Argentina considera propias. Para Seghini, ambas actividades profundizan una disputa por los recursos naturales y obligan al país a construir una estrategia que pueda mantenerse más allá de una gestión.
“La gran pregunta que hay que hacerse en este sentido es si esto responde a una política de Estado o a un espasmo electoral”, planteó. En ese sentido, recordó que la cuestión Malvinas no había ocupado un lugar central durante los primeros 33 meses del Gobierno nacional.
El especialista también marcó como una señal de inestabilidad los cambios registrados en la conducción de la Cancillería. “Tengamos en cuenta que en 33 meses de gestión hubo tres cancilleres. Es decir, un canciller encargado de las relaciones diplomáticas de la Argentina cada 11 meses”, afirmó.
Pese a sus críticas, consideró positivo que el reclamo vuelva a ocupar un lugar relevante. “Bienvenidos si esto es una política de Estado, bienvenidos si se va a sostener en el tiempo, bienvenidos si podemos inyectar financiamiento en el presupuesto”, expresó.
Las medidas anunciadas
Seghini repasó los principales ejes presentados por el presidente Javier Milei: el endurecimiento de las sanciones contempladas en la Ley 26.659, la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, la incorporación del juicio en ausencia y el impulso de la Base Naval Integrada de Ushuaia.
Según explicó, las sanciones alcanzarían a empresas, socios y proveedores que intervengan en actividades petroleras o pesqueras sin autorización argentina. También destacó la intención de reforzar la protección de la infraestructura crítica y la vigilancia marítima y aeroespacial.
Sin embargo, advirtió que esas decisiones necesitarán recursos económicos para resultar efectivas. De acuerdo con Seghini, el Gobierno asignó mediante una disposición transitoria 200.000 millones de pesos para la base naval de Ushuaia, aunque el proyecto demandaría unos 500 millones de dólares.
“Aparentemente hay una inyección de dinero que va a resultar insuficiente para lo que se necesita en torno a todo este paquete de medidas que tienen que ver con la cuestión Malvinas”, señaló.
La situación presupuestaria de las Fuerzas Armadas también aparece, según su análisis, como una limitación. Seghini sostuvo que existen problemas salariales, operativos y de cobertura social, en un momento en el que el país pretende reforzar sus capacidades en el Atlántico Sur.
Una hipótesis de conflicto
El especialista consideró que el fortalecimiento militar británico en el archipiélago no puede ser ignorado. “El problema es que tenemos una hipótesis de conflicto con Gran Bretaña a 500 kilómetros de distancia de nuestras costas del sur de la Patagonia”, advirtió.
Seghini relacionó esa evaluación con las declaraciones de dirigentes británicos que reafirmaron la intención de defender las islas y con los pedidos para aumentar el presupuesto destinado a la presencia militar en el Atlántico Sur.
No obstante, descartó que la respuesta argentina deba abandonar los canales pacíficos. “El camino que debemos tomar siempre es el diplomático, el de coordinación con los organismos multilaterales y con nuestros aliados estratégicos”, remarcó.
También pidió cautela respecto del posible papel de Estados Unidos. En su análisis, la administración de Donald Trump mantiene una lógica transaccional y prioriza sus propios intereses geopolíticos, por lo que cualquier acercamiento a la posición argentina debería evaluarse dentro de esa estrategia.
Para Seghini, la recuperación de la soberanía requiere continuidad, respaldo presupuestario y una estrategia internacional consistente. El riesgo, advirtió, es que las medidas pierdan fuerza una vez superada la coyuntura electoral, mientras la explotación británica de los recursos avanza hacia su etapa productiva.