La Corte Suprema de Justicia santafesina avanzó de manera decisiva en la resolución del diferendo con los organismos judiciales tras la recepción de una nota conjunta presentada por el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal. El entendimiento prevé la asignación de dependencias dentro del edificio anexo para ambas instituciones, abarcando la totalidad del sexto piso, sectores del quinto y primer piso, además del subsuelo. Al evaluar el ingreso de la nota institucional, el juez de la Corte, Jorge Baclini, expresó: "Hoy entra una nota donde los ministerios públicos aceptan parcialmente los espacios consignados. Habría un principio de la posibilidad de llegar a un acuerdo".
El convenio establece la cesión global de las instalaciones por parte del máximo tribunal, dejando la distribución interna a criterio de la fiscalía general y de la defensoría general. Dentro de las alternativas aceptadas, los ministerios declinaron únicamente la ocupación del inmueble externo donde funcionaba el viejo juzgado de circuito, al tiempo que solicitaron evaluar eventuales ampliaciones de superficie en el futuro. En cuanto al estado de las áreas asignadas en la nueva estructura, Baclini precisó: "El quinto piso está terminado, el primer piso está terminado, el subsuelo está terminado. Lo importante es avanzar con el acuerdo, que era un poco la expectativa que todos teníamos".
La puesta en marcha del traslado no requerirá de plazos impuestos desde el tribunal, sino que quedará sujeta a la logística operativa de cada organismo estatal. No obstante, las autoridades judiciales consideran conveniente concretar la mudanza con la mayor celeridad posible debido a la ventaja funcional que supone operar en proximidad a las salas de audiencias. Sobre los beneficios logísticos de la reubicación espacial, el magistrado fundamentó: "A ellos les conviene mudarse en los espacios que ya están habilitados porque tienen mejores condiciones edilicias y aparte están en la zona del mismo lugar donde tienen las audiencias".
El principio de solución alcanzado permite destrabar la tensión previa en torno a las condiciones de infraestructura y abre paso a la formalización del respectivo instrumento legal entre las partes. Asimismo, la aceptación parcial condiciona futuras ampliaciones al reordenamiento general que se genere una vez completada la mudanza de los juzgados. Al analizar la superación de la controversia, Baclini manifestó: "Esto dejaría zanjado el conflicto. La idea era avanzar; ellos dan una aceptación parcial sujeta a que en el futuro se analice la posibilidad de darle más espacio".
Finalmente, la resolución con los ministerios públicos viabilizará las etapas pendientes de la reestructuración edilicia planificada por la Corte Suprema de Justicia en el Palacio de Tribunales. Una vez formalizada la reubicación del MPA y la Defensa Penal, el máximo tribunal coordinará la transferencia de los juzgados laborales que hoy alquilan fuera de la sede, como así también los de responsabilidad extracontractual. En relación con los próximos pasos, el integrante de la Corte concluyó: "Estábamos a la espera de la definición con los ministerios públicos para ya empezar a gestionar en las próximas semanas el resto de los traslados".