Un tribunal de Chaco condenó a seis años de prisión a un joven acusado de abusar sexualmente de una compañera de colegio durante un viaje de egresados a Bariloche, en octubre de 2024. La sentencia fue dictada por unanimidad y todavía puede ser apelada.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 5 de octubre de 2024, cuando el grupo de estudiantes se encontraba en la ciudad rionegrina. La víctima tenía 17 años y era compañera de curso del ahora condenado.
Según establecieron los jueces, la adolescente había manifestado que no quería mantener relaciones sexuales, pero esa negativa no fue respetada. La defensa sostuvo durante el juicio que el encuentro había sido consentido, pero el tribunal consideró que las pruebas reunidas permitían acreditar que el acusado avanzó pese a la oposición expresada por la joven.
El fallo fue firmado por los jueces Sergio Damián Pichetto, César Ignacio Lanfranchi y Marcos Rafael Burgos, luego del juicio realizado entre el 5 y el 7 de agosto. La resolución fue difundida en las últimas horas y, de acuerdo con la información publicada por La Gaceta, aún no se encuentra firme.
Entre las pruebas valoradas por el tribunal estuvieron los mensajes y audios que la adolescente envió a su hermana pocas horas después del episodio. Según los fundamentos de la sentencia, en esas comunicaciones relató lo ocurrido y explicó que había expresado su negativa. Los jueces también destacaron la coherencia de su relato en los aspectos centrales a lo largo de las distintas etapas del proceso.
El tribunal analizó además el consumo de alcohol durante aquella noche. Sin embargo, consideró que no se había acreditado que la adolescente hubiera perdido completamente su capacidad de decisión. Para los magistrados, el punto central del caso fue que la joven había expresado su rechazo y esa voluntad no fue respetada.
La ausencia de lesiones no fue considerada consentimiento
Uno de los argumentos planteados por la defensa estuvo relacionado con los exámenes médicos realizados después del hecho. Los estudios no detectaron lesiones corporales ni genitales. El tribunal rechazó que esa circunstancia pudiera ser interpretada como una señal de consentimiento. En los fundamentos, los jueces remarcaron que el consentimiento debe existir durante todo el acto y puede ser retirado en cualquier momento.
También señalaron que la ausencia de gritos, lesiones o resistencia física no permite, por sí sola, concluir que una relación sexual haya sido consentida. Las evaluaciones psicológicas realizadas posteriormente fueron utilizadas para analizar las consecuencias que el episodio tuvo sobre la adolescente, aunque los jueces aclararon que no fueron consideradas como prueba directa de la autoría del hecho.
Durante el juicio, la Fiscalía había solicitado siete años de prisión, mientras que la querella había pedido ocho. La defensa, en tanto, reclamó la aplicación del mínimo previsto por la ley. Finalmente, el tribunal impuso seis años de prisión, la pena mínima legal correspondiente al delito por el que fue condenado.
Para establecer la pena, los magistrados tuvieron en cuenta la gravedad del daño, pero también la ausencia de antecedentes penales, la juventud del condenado y su situación familiar y laboral. Además, dispusieron mantener las medidas de protección para la víctima: una prohibición de acercamiento y contacto y la prohibición de salida del país para el condenado.
La familia reclama casi $548 millones a Travel Rock
En paralelo al proceso penal, la familia de la adolescente inició una demanda en el fuero Civil y Comercial de Chaco contra Travel Rock S.A. El reclamo asciende a $547.921.752,76 e incluye distintos conceptos, entre ellos incapacidad, daño moral y psicológico, tratamientos de salud, pérdida de oportunidades y daño punitivo.
En la demanda, la familia sostiene que la empresa habría incumplido obligaciones relacionadas con el cuidado y la seguridad de los estudiantes durante el viaje. Entre otros puntos, cuestiona los cambios de habitaciones y la circulación de los adolescentes sin los controles que, según plantea, deberían haberse implementado.
También cuestiona la respuesta adoptada después de la denuncia. Según la presentación judicial, la adolescente y sus familiares fueron trasladados a otro alojamiento, mientras que el acusado permaneció junto al resto del contingente.
La familia solicitó además que la empresa informe quién es su aseguradora de responsabilidad civil.