La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal dejó en suspenso la multa que había sido impuesta al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar vinculada con la actualización de los salarios docentes y no docentes de las universidades públicas. La decisión se conoció este jueves, en medio de una nueva jornada de protestas universitarias frente al Congreso.
La resolución fue adoptada por la Sala III de la Cámara, que hizo lugar a una presentación de las autoridades legales del Ministerio de Capital Humano y dispuso que el recurso de apelación sea tramitado con efecto suspensivo. De esta manera, la multa de $100.000 diarios contra Santilli quedó provisoriamente sin efecto mientras se analiza el planteo del Gobierno.
La sanción había sido establecida el miércoles por el juez federal Martín Cormick, quien consideró acreditado el incumplimiento de una orden judicial que exigía actualizar los salarios universitarios y garantizar los fondos destinados a becas estudiantiles, de acuerdo con lo previsto en la ley de Financiamiento Universitario.
El magistrado ya había intimado al Poder Ejecutivo a cumplir con esas obligaciones. El 22 de septiembre le otorgó un plazo de cinco días y advirtió que, de persistir el incumplimiento, aplicaría sanciones económicas.
Los argumentos del Gobierno para frenar la multa a Santilli
Tras conocerse la resolución de primera instancia, el Ministerio de Capital Humano presentó un recurso ante la Cámara y sostuvo que la medida cautelar ya había sido cumplida en su totalidad.
El tribunal aceptó la presentación y ordenó al juzgado de origen adoptar las medidas necesarias para conceder la apelación con efecto suspensivo.
La decisión no implica que se haya dejado sin efecto la cautelar original, sino que interrumpe provisoriamente la aplicación de las multas hasta que se resuelva la discusión judicial.
La resolución llegó pocas horas después de que Cormick dispusiera la sanción contra Santilli y advirtiera que podría modificar tanto el monto de la multa como los funcionarios alcanzados si continuaba el incumplimiento.
El conflicto judicial se desarrolló en paralelo a la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para reclamar la aplicación efectiva de la legislación que establece mayores recursos para el sistema público de educación superior.
Qué establece la cautelar por el financiamiento universitario
La medida judicial obliga al Estado a recomponer las remuneraciones de docentes y trabajadores no docentes de las universidades nacionales, tomando como referencia la evolución del Índice de Precios al Consumidor entre enero de 2023 y julio de 2025.
Según los parámetros establecidos, la actualización representaría un incremento del 40,25% sobre los salarios básicos correspondientes a julio de 2025.
La normativa también contempla de acuerdo con la inflación y una recomposición de las becas estudiantiles.
Sin embargo, el Gobierno aseguró que los aumentos salariales concedidos desde diciembre de 2023 acumularon una mejora del 226,80%, superior al 226,40% que, según su interpretación, correspondía para el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.
Dentro de ese cálculo, el Ejecutivo incluyó un incremento del 21,33% otorgado en junio de 2026.