El Colegio de Abogados de Santa Fe cuestionó el proyecto de Ley de Seguridad Pública enviado por el Ejecutivo a la Legislatura y sostuvo que la búsqueda de seguridad no justifica vulnerar las garantías constitucionales ni el derecho de defensa.
En diálogo con el móvil de LT10, la presidenta de la entidad, Balbina Cavalieri, expresó su preocupación por el impacto institucional de la iniciativa y advirtió sobre los riesgos que supone apartarse del marco normativo vigente.
Al fijar la posición del Cuerpo profesional, remarcó que el reclamo de mayor seguridad no debe oponerse al respeto de las garantías básicas: "Jamás vamos a expresarnos en contra de la defensa de la seguridad pública. Somos parte de esta sociedad y queremos vivir seguros, pero no a cualquier costa y a cualquier precio".
En ese sentido, la abogada sostuvo que existen mecanismos legales para procesar a quienes violan la ley sin distorsionar los principios rectores del sistema judicial: "Hoy tenemos herramientas constitucionales que pueden ser perfectamente utilizadas para que una persona sea interrogada, juzgada y penada conforme a la Constitución Nacional y al principio del legítimo derecho de defensa".
Al analizar el texto debatido en la Legislatura, Cavalieri manifestó serias reservas sobre su redacción actual: "No creemos que este paquete de medidas, así como está hoy en este proyecto, garantice de ninguna manera el derecho de defensa y sobre todo las normas constitucionales".
Por último, la referente del fuero local advirtió que la exigencia de resultados en materia de seguridad no justifica retroceder en conquistas republicanas: "No hay ninguna razón, ni siquiera amparada en bajar los números de lo que tiene que ver con la seguridad pública. No hay ninguna razón para regresar años atrás a mecanismos que lo único que hicieron fue lesionar el estado de derecho y las garantías constitucionales".