Tras la jornada legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, realizó un balance positivo de la votación en diálogo con LT10. El funcionario destacó la aprobación de la inmensa mayoría de los instrumentos solicitados por la gestión provincial para combatir el delito en la provincia. "De las 11 herramientas que pedimos, salieron 10, globalmente es difícil ponerle número, pero salió un 90%", sostuvo el ministro, remarcando que el Ejecutivo aplicará de inmediato las facultades otorgadas una vez que el texto sea sancionado por el Senado y promulgado.
El proyecto de ley contempla un paquete articulado en dos ejes centrales. Por un lado, otorga mayores potestades a los organismos del Estado, facilitando allanamientos de excepción sin orden judicial previa, ampliando el programa de recompensas e intensificando el control sobre los internos de alto perfil. Respecto a estos últimos, Cococcioni explicó que la reforma autoriza un régimen de aislamiento pleno: "Nos permite ir a un sistema de aislamiento pleno, es decir, cortarle la visita a los presos más peligrosos y que mandan a matar gente desde dentro de una celda".
Por otro lado, la iniciativa busca agilizar los trámites judiciales y descongestionar los tribunales mediante procedimientos por decreto penal para infracciones menores. En cuanto a las discusiones por el interrogatorio policial y la declaración sin defensor presente, el ministro aclaró que las atribuciones se mantuvieron en cabeza de la fiscalía, resguardando las garantías constitucionales. Al respecto, precisó que la persona siempre conserva el derecho a contar con asistencia letrada y que "si la persona pide un defensor, se interrumpe inmediatamente esa declaración".
El único punto del proyecto gubernamental que resultó rechazado de forma íntegra fue el que proponía la creación de zonas de intervención especial. Lejos de polemizar por dicho cambio, Cococcioni reconoció la atribución del Poder Legislativo para sopesar los alcances del texto. "Nosotros pedimos la herramienta que a nuestro criterio necesitamos y bueno, después estará en el debate y en la prudencia de los legisladores decir esta te la habilito, esta no", afirmó el titular de la cartera.
En relación con los delitos contra la propiedad en la vía pública, el proyecto incluye un marco específico para combatir la comercialización ilegal de tecnología y celulares robados. Entre las medidas destacadas, se faculta a la policía a verificar el código IMEI de los aparatos mediante la marcación "*#06#" en controles rutinarios. Sobre este mecanismo de prevención, el funcionario remarcó: "No significa que te vamos a ver tus mensajes de WhatsApp, ni tus fotos, ni tus cosas íntimas. Esto es el equivalente a lo que se está haciendo con inspecciones en chatarrerías por el tema del robo de cables".
Finalmente, Cococcioni remarcó que, si bien se logró una importante reducción en los homicidios en comparación con los últimos tres años, los niveles delictivos generales exigen sostener la presión estatal. En ese marco, ratificó la total predisposición del Poder Ejecutivo para dialogar con los integrantes de la Cámara de Senadores a fin de lograr la sanción definitiva de la norma. "Lo único que pedimos es que se trate y por supuesto en la medida de lo posible que salga", concluyó el ministro.