En sus alegatos finales, la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, denunció ante el Senado que es víctima de un "golpe" para permitir un gobierno "usurpador" que aplica un plan de gobierno que no fue votado en las urnas en 2014.
En ese contexto, la mandataria brasileña afirmó que siente "el gusto amargo y áspero de la injusticia". Insistió en su inocencia y avisó que "no esperen" de ella "el obsequioso silencio frente a los cobardes que pretenden atentar con el Estado de Derecho".
"Vengo a mirar directamente a los ojos de sus excelencias y a decir con la serenidad de quien nada tiene de qué responder que no cometí crímenes de responsabilidad", dijo.
"Soy acusada injusta y arbitrariamente", insistió Rousseff, que reiteró que las acusaciones de maniobras fiscales en las que se basa el juicio político en su contra son "pretextos para derribar a un Gobierno legítimo" y "viabilizar un golpe" amparándose en la Constitución.
Recordó que su compromiso político se remonta a los años de lucha contra la dictadura militar, cuando fue torturada y encarcelada, un periodo en el que "tenía miedo de la muerte y de las secuelas de la tortura". "Pero no cedí, resistí", agregó.
Ahora, "a los casi 70 años, después de ser madre y abuela, nunca renunciaría a los principios que siempre me guiaron: Tengo un compromiso con mi país, con la democracia y el Estado de Derecho".
"No lucho por mi mandato, por vanidad o apego al poder", añadió. "Lucho por la democracia, por la verdad y la justicia, por el pueblo de mi país", afirmó la presidenta suspendida de Brasil, que se mostró serena y utilizó un tono firme en su discurso ante el pleno del Senado.