La normativa plantea “evitar despidos injustos de docentes privados cuya fundamentación pueda evadirse mediante el pago de una indemnización”.
En tal sentido, propone que en el caso de despido o remoción que no cuente con una previa elaboración de sumario que pruebe la existencia de dichas causales, se lo considere sin justa causa.
A través de la presente ley, se desalientan los despidos sin invocación de causa por parte de los empresarios que manejan establecimientos educativos privados en la provincia.
En tanto, se prorrogó por el plazo de cuatro años la expropiación de la cooperativa de trabajo Naranpol limitada.
La propuesta también contempla la posibilidad de extensión a un año más.
Además, se autoriza al Poder Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de esta ley.