Una alumna fue detenida el miércoles, luego que se identificara el celular desde donde se realizaron dos llamadas por amenazas de bomba a la escuela San Roque, ubicada en barrio Sargento Cabral de la ciudad de Santa Fe.
Los llamados fueron efectuados los días 30 de septiembre y 2 de octubre de este año. La investigación constató que el teléfono pertenece a una joven de 18 años, quien fue detenida este miércoles cuando se encontraba dentro del establecimiento.
En la causa interviene la fiscal Milagros Parodi que dialogó con LT10 y explicó que en un trabajo del equipo de investigación se abocaron a determinar de donde surgían los llamados. En un trabajo extenso y exhaustivo entre la central 911 y la policía de investigaciones pudimos determinar que dos llamados venían de un celular que estaba en poder de una joven de 18 años que tras los mecanismos pertinentes fue detenida por la Policía de Investigaciones. Además se la pudo vincular como partícipe de otros llamados a la escuela San Roque de la ciudad de Santa Fe.
La alumna es mayor de edad desde octubre de este año y en la primer etapa de investigación se realizó la imputación de la mujer que puede culminar con la sanción penal y otras posibilidades que da el código penal para dar fin a este conflicto que vive la ciudad. El delito que se le imputa a la joven es la de autora del delito de intimidación pública y partícipe en otros dos hechos. Con respecto a las penas la fiscal explicó que tiene un mínimo de dos años de prisión y se puede extender a seis. Es importante tener en cuenta que debido a la cantidad de casos se computan los hechos.
Una escuela rehén de las amenazas
La alumna imputada iba a clases a la escuela San Roque. En ese establecimiento desde el 25 de octubre al 13 no de noviembre de este año recibieron un promedio de una llamada de amenaza por día.
Cansados de esta realidad, los docentes de la escuela, decidieron dar clases en la vereda. Así fue que sacaron una pizarra a la calle para que los chicos reciban conocimientos hasta que se habilite el acceso nuevamente a la institución. De esta manera buscan hacer frente a una problemática que no tiene solución.
En diálogo con LT10, María Ines Nessen, directora del establecimiento, por aquellos días explicó que desde el 25 de octubre recibian llamadas de amenazas de bomba casi de manera cotidiana. "Fueron ocho llamadas en los últimos días", explicó la docente y detalló que desde el segundo día de amenazas decidieron continuar con la actividad en la calle ya que no hay tiempo que perder y no se puede estar pendientes de este tipo de cosas".
Por otro lado la responsable de la institución explicó que "son 320 alumnos en la secundaria y casi la misma cantidad en la primaria. Son 600 alumnos en la calle dando clases por este tipo de amenazas". Al ser consultada sobre la custodia policial mientras se llevaba a cabo la actividad, Nessen dijo que "es un riesgo que se toma y todos sabemos que es complicado. Por eso acudimos a la ayuda policial para poder desarrollar esta actividad normalmente".
La Bustos, otro caso grave
Innumerable cantidad de días de clases perdieron los alumnos de la escuela N° 256 General Juan Bautista Bustos debido a las reiteradas amenazas de bomba que reciben y que activan un costoso protocolo de emergencia que, entre otras acciones, implica que se corte con las actividades y todos los chicos deban salir a la calle.
En 2018, fueron 18 los llamados amenazantes investigados el Ministerio Público de la Acusación. Uno de los autores de las amenazas fue identificado, y se trata de un exalumno de la institución por el que se inició un proceso judicial abreviado que hoy cerró con un acuerdo entre partes.
Si bien no implica una condena para la persona imputada, este joven de 19 años deberá cumplir con una reparación económica de 20 mil pesos a pagarle en cuotas al colegio y realizar tareas comunitarias durante 2 años. Así lo explicó la fiscal María Laura Martí en contacto con el móvil de LT10.
A su vez, la doctora explicó que tiene a su cargo 5 casos por cerrar con probation y 2 que irán a juicio.Estos dos últimos, son las llamadas a la Empresa Provincial de la Energía y a Jerárquico Salud durante la realización de un bingo solidario.
En ese marco, funcionarios del Ministerio de Educación mostraron conformidad con las sanciones. En diálogo con la prensa, Juan Cruz Giménez, titular de la Regional IV, dijo que "las medidas tomadas por la justicia son ejemplares".