En el marco de la pandemia de coronavirus y el aislamiento social dispuesto, el gobierno nacional lanzó días atrás una aplicación de uso obligatorio para quienes deban retornar a sus trabajos y la Provincia también hizo lo propio. Ambas iniciativas generaron un debate en torno a la utilización de datos personales por parte del Estado. Por LT10, el especialista en Derecho Informático Marcelo Temperini se refirió al tema.
En primer lugar, admitió que la obligatoriedad "tensiona" con el derecho en sí. Pero además, instó a "cuestionar" este tipo de medidas y a "solicitar transparencia".
Asimismo, invitó a hacer un análisis mediante varios interrogantes: ¿cuál es la finalidad de uso de estos datos?, ¿a quién se los van a transferir?, ¿cómo hago para saber que la geolocalización que estoy brindando solamente va a ser utilizada con la finalidad de prevenir la pandemia?.
En ese sentido, reconoció que hay pocas posibilidades de que alguien pueda "garantizar" esos cuidados, ya que "tenemos un Estado, a todos los niveles, que está bastante en deuda en materia de protección de datos personales".
Temperini recalcó que "de acuerdo a la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326, una vez cumpida la finalidad con la cual fueron recolectados los datos, hay obigación de suprimirlos". No obstante, aclaró que en sus 20 años de vigencia, la norma tiene un nivel de cumplimiento por parte de organismos estatales y empresas privadas que ronda sólo el 10%.
Por ello, insistió: "cuando la aplicación se convierte en obligatoria y la transparencia del Estado no está garantizada, la gente hace bien en desconfiar y en pedir más información".